Latorre asegura control estricto en la ejecución del PGN 2026 para beneficio de los paraguayos
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó el gran impacto que generará el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 en las áreas de salud pública, seguridad y educación. El plan de gastos aprobado ayer martes por la cámara asciende a G. 149,3 billones, unos USD 18.928 millones, lo que representa un incremento del 12 % respecto al plan financiero vigente de 2025.
“Buscamos con este presupuesto no solo dotar de herramientas a la salud pública, dignificar el salario docente, aumentar la seguridad en nuestras calles y beneficiar a nuestras universidades, sino que el fin último y por el que velaremos en su ejecución es el gran desafío de que el dinero de los paraguayos se use para servir a los paraguayos”, remarcó el legislador.
Con relación al sector de la salud pública, Latorre durante su intervención mencionó que “este presupuesto propone un importante aumento para la salud pública, dinero que será utilizado para la construcción de nuevos hospitales, para el equipamiento de los grandes nuevos hospitales existentes y para el mejoramiento de las condiciones de sus recursos humanos en salud”.
En materia de la educación, el legislador manifestó que “se prevé otro aumento que busca fundamentalmente mejorar las condiciones de los docentes con el aumento salarial estimado con un claro enfoque en el fortalecimiento de la formación docente y su consecuente impacto en la calidad educativa”.
Agregó que la iniciativa también contempla incrementos presupuestarios para las universidades nacionales con el fin de “fortalecer a su vez la educación superior, el futuro de nuestros jóvenes e hijos”.
Mientras que en el campo de la seguridad, Latorre comentó que en el plan de gastos del próximo año “se prevé otro incremento importante que busca tener más de 5.000 nuevos policías en las calles que van a brindar mejores condiciones de seguridad para las familias paraguayas”.
El déficit fiscal previsto se mantiene en 1,5 % del PIB, en línea con el plan de convergencia fiscal establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), lo que refuerza el compromiso del Gobierno con la disciplina macroeconómica y la estabilidad de las cuentas públicas.