El último intento de García Luna por acortar los 38 años que pasó en prisión por narcotráfico: «Se basó en información falsa y es más largo de lo necesario»
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha impugnado la condena de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares que le impuso un juez de Estados Unidos en 2024 por colaborar con el Cartel de Sinaloa durante su labor como funcionario, durante los seis años del presidente panista Felipe Calderón (20126). El ex defensor dice que hubo una grave violación a los procedimientos de los fiscales y del juez, Brian Cogan, especialmente porque se confirmaron declaraciones falsas de testigos sin credibilidad. Los abogados de García Luna afirman que estas fallas mancharon el proceso, por lo que piden el sobreseimiento y la reapertura del caso. «La sentencia dictada a García Luna fue arbitraria e irrazonable, se basó en información incorrecta y fue más impactante de lo necesario para alcanzar los objetivos de la sentencia», se desprende del escrito de oposición, presentado el viernes. mil años en eso se ha convertido EL PAÍS.
El recurso de apelación del señor García Luna, presentado por el abogado César de Castro en la Corte de Apelaciones de Nueva York, confirma que al menos dos de los testigos más importantes de la Fiscalía hicieron declaraciones falsas, que pueden ser distorsionadas por pruebas que no han sido consideradas. Uno de los testimonios fue el de Francisco Cañedo Zavaleta, ex asistente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que encabeza García Luna, quien anunció que vio, en octubre de 2008, el secuestro del ex jefe del grupo Beltrán Leyva en la carretera a Cuernavaca, en represalia por el cártel de Joaquín. El Chapo Guzmán, quien lo sobornó con millones a cambio.
Según la defensa del exsecretario, algunos testigos contradijeron las palabras de Zavaleta: algunos dijeron sobre el secuestro, pero en otro momento; otros, que los cárteles no estaban involucrados; otro negó la presencia del exsecretario. Sin embargo, del recurso se desprende que lo más importante es que existe evidencia de que, el mismo día y a la hora que Zavaleta lo puso en el lugar de captura, García Luna se encontraba en el hospital pagando la manutención de su esposa. Otro documento relacionado con la seguridad es un registro del ISSSTE (el servicio de seguridad pública para funcionarios del gobierno) que muestra que Zavaleta ni siquiera era empleado de la SSP en el momento del secuestro.
Otro testigo cuyo testimonio pone en duda la defensa de García Luna es Héctor Villarreal, exsecretario de Hacienda de Coahuila durante el Gobierno de Rubén Moreira, del PRI. Villarreal dijo que el exsecretario lo llevó a visitar el Centro Nacional de Inteligencia, conocido como El Búnker, en la sede de la Policía Federal bajo su mando. Villarreal también dijo que, durante ese viaje, que tuvo lugar en junio de 2009, García Luna le mostró el programa Pegasus, utilizado por el Gobierno para labores de inteligencia para combatir el crimen y espiar a periodistas y partidos de oposición. Según Villarreal, el objetivo del exdirector era que Coahuila comprara programas. La defensa de García Luna dice que El Búnker no existía en ese momento (ya que fue construido en noviembre de 2009) y que Pegasus aún no estaba construido (fue construido en 2010, y México lo compró un año después).
La ex defensa alega otros errores, como el hecho de que el juez Cogan permitió que en el juicio se mostraran -sin relación con el proceso- la propiedad que demostraba la riqueza de García Luna, lo que motivó la disidencia del jurado. «Estas pruebas fueron muy perjudiciales y provocaron que el jurado lo declarara culpable», decía la apelación. Los abogados añaden que, además, la Fiscalía utilizó ventajosamente un testimonio de Villarreal en el que explicó claramente «cómo funciona la corrupción en México» y habló de «política corrupta». «Aunque no pudo conectar los bienes de García Luna con la conspiración, el Estado utilizó el testimonio de Villarreal para explicar cómo los políticos ocultan y malversan su dinero», dice la carta.
La parte central del recurso está controlada por el carácter de los testigos utilizados por la Fiscalía para obtener pruebas contra el exsecretario de la Defensa, muchos de ellos son líderes del Cártel de Sinaloa o de Beltrán Leyva. Los abogados de García Luna destacan los esfuerzos de la Fiscalía para persuadir a los jueces de que desestimaran los cargos contra los patrones. Además, se dice que no se les dio la oportunidad de confirmar o contradecir las declaraciones de estos testigos, para establecer su credibilidad. Por ejemplo, dicen, Villarreal fue acusado de seguir delinquiendo mientras cooperaba como testigo del Estado.
Como anexo, el recurso describía a García Luna como «un aliado leal y confiable de Estados Unidos» en la lucha contra los cárteles. Agrega que el exoficial fue confirmado por los organismos de seguridad y aplicación de la ley del país, destacando que fue acusado y sentenciado con base en el testimonio de nueve jefes que fueron arrestados y enviados a Estados Unidos bajo su liderazgo en la SSP. La defensa agregó que, en una declaración dada por el exgobernador Anthony Wayne, éste negó que Washington tuviera alguna evidencia de que García Luna fuera corrupto.
Los abogados también dicen que, en otros casos similares en los que altos funcionarios han sido acusados de tráfico de drogas, las penas no son severas. Aseveran que la pena de García Luna es “ilimitada” considerando que tiene unos 67 años (él tiene 57) y que tuvo buena conducta en prisión al momento de su prisión preventiva. El caso de García Luna ha sido uno de los más explosivos de los últimos años, ya que ningún otro ex funcionario del gobierno mexicano de talla similar ha sido acusado de corrupción y crimen organizado. Su alianza con el ex presidente Calderón y el PAN provocó una gran agitación en México. Condenado en 2024, García Luna está a punto de cumplir apenas dos años de su larga condena de prisión.
