ANDE prepara reajuste de tarifa, pero pagará G. 266.000 millones de más
16 de enero de 2026 – 03:00
Mientras la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) alega un déficit financiero crónico para justificar futuros aumentos de tarifas, derrocha fortunas bajo el pretexto de cumplir con un decimal de la tasa de interés, al aferrarse a un tecnicismo del 0,01% para descartar la oferta más barata en la millonaria licitación de la Subestación Carmelo Peralta. El resultado será que terminará pagando un sobrecosto de G. 266.000 millones.
El ingeniero Guillermo López Flores, consultor del sector energético, sostiene que si bien puede considerarse jurídicamente válida en lo formal la decisión de la ANDE, resulta económicamente irracional en su esencia. La empresa estatal decidió descalificar la propuesta económicamente más conveniente por haber superado por apenas una centésima el tope de la tasa de interés fijado por el Banco Central del Paraguay.
Esta diferencia representaba G. 6.800 millones en el cálculo financiero, pero al descartar dicha oferta, obliga a adjudicar el contrato a una opción más costosa, disparando el gasto público.
López Flores advierte que esta conducta es materialmente contraria a los principios de eficiencia y racionalidad económica que deben regir cualquier contratación del Estado. La administración pública no puede actuar como un autómata que solo mira porcentajes aislados, sino que debe orientarse a obtener el mayor beneficio social posible con los recursos disponibles.
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Problemática con decisión de la ANDE
El problema jurídico y económico central radica en la falta de proporcionalidad. La descalificación de una empresa por un margen de 0,01% no protege efectivamente el interés fiscal. Por el contrario, produce un resultado donde se prefiere perder G. 266.000 millones antes que aceptar una desviación técnica insignificante.
El experto señala que un acto administrativo se vuelve irrazonable cuando aplica una norma sin considerar sus efectos reales o cuando genera consecuencias desproporcionadas que se apartan de la finalidad pública. La situación se torna escandalosa cuando se contrasta con la realidad financiera de la propia ANDE. La institución solicitó recientemente un reajuste tarifario, argumentando que atraviesa un severo déficit acumulado debido a costos operativos elevados y restricciones presupuestarias.
Resulta una contradicción flagrante que una empresa pública que se declara en situación de estrés financiero y traslada sus deudas a los usuarios vía tarifazos, tome una decisión que incrementa innecesariamente el costo de una obra estratégica.
López Flores sostiene que desde la perspectiva de la buena administración, no es ético ni razonable alegar falta de recursos para pedir sacrificios a la ciudadanía y, al mismo tiempo, renunciar a un ahorro de millones de dólares por un tecnicismo. Esta conducta no solo vulnera el principio de eficiencia, sino que debilita la legitimidad de las autoridades de la estatal ante la opinión pública.
En los sistemas modernos de contratación internacional, la lógica es clara: el Estado no compra porcentajes, compra resultados. Se evalúa la oferta más ventajosa considerando el costo total del ciclo de vida y ponderando el beneficio global. Sin embargo, en la licitación de Carmelo Peralta, la ANDE prefirió el cumplimiento rígido de un procedimiento sobre el mejor resultado.
Por ello, sugiere que la decisión debería elevarse a las instancias superiores del Poder Ejecutivo, ya que la adjudicación proyectada cumple con la legalidad formal, pero viola flagrantemente el interés general y la lógica del sentido común.
