Bancos de desarrollo: inversiones fallidas y la búsqueda de soluciones.
La construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Chile ha desatado una serie de controversias que reflejan la tensión entre desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. Desde su anuncio en 2008, la comunidad local ha expresado su preocupación por las consecuencias ambientales del proyecto.
Juan Pablo Orrego, un destacado activista ambiental con más de diez años de lucha, ha señalado que los riesgos asociados al Alto Maipo fueron evidentes desde el principio. Según Orrego, la evaluación de impacto ambiental fue inadecuada y no consideró los efectos del cambio climático en el proyecto. A pesar de estas advertencias, recibió un respaldo financiero significativo de organismos internacionales, incluyendo un préstamo de 200 millones de dólares por parte de BID Invest y 150 millones de dólares de la Corporación Financiera Internacional (IFC), además de otros apoyos de instituciones estadounidenses y europeas.
A medida que se avanzaba en la construcción de la central hidroeléctrica, comenzaron a manifestarse los problemas señalados por Orrego y otros miembros de la comunidad. El agua se contaminó, el plazo de construcción se extendió de cinco a doce años y se intensificó la contaminación del aire. En 2017, Orrego y su organización, junto con el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, presentaron una denuncia ante las instancias de rendición de cuentas de BID e IFC, alertando sobre las irregularidades en la gestión del proyecto.
La respuesta de las instituciones fue lenta. Según Orrego, se requerieron más de cuatro años para emitir un informe sobre la situación, mientras el proyecto continuaba su curso. En 2021, ante la reestructuración de la deuda, el BID decidió desvincularse del proyecto, alegando que no era adecuado para un banco de desarrollo. De forma similar, en 2018, la IFC optó por desinvertir en Alto Maipo. Estos movimientos fueron percibidos como una forma de evitar responsabilidades por parte de las entidades financieras.
Carla García Zendejas, del CIEL, criticó esta estrategia de los bancos, señalando que al abandonar un proyecto problemático, evaden su responsabilidad de influir en la sostenibilidad de las comunidades afectadas. A pesar de todo, las denuncias comenzaron a tener eco en las instituciones. A principios de octubre, la IFC presentó su «Enfoque de salida responsable», un protocolo que establece cinco puntos clave para evaluar las implicaciones ambientales y sociales al desinvertir en un proyecto.
Aunque García considera que este enfoque es un avance, subraya que la verdadera prueba reside en su aplicación efectiva. La activista también reclama la urgente necesidad de establecer una política de remediación para abordar los daños causados por proyectos fallidos. La IFC ha iniciado un proceso de consulta pública sobre este tema, buscando establecer un marco claro para la salida responsable de las inversiones.
Las preocupaciones en torno a la participación de las comunidades locales en la planificación y ejecución de proyectos han aumentado. Rigoberto Juárez, líder ancestral de las comunidades mayas en Guatemala, reclama que la consulta previa, un derecho fundamental de las comunidades indígenas, fue ignorada en proyectos hidroeléctricos en su región. A pesar de un rechazo casi unánime por parte de la población a tales proyectos, el BID financió la construcción de dos centrales hidroeléctricas en su territorio sin considerar sus voces.
Los problemas de gestión y las quejas sobre la falta de consultas han llevado a la presentación de denuncias formales ante el MICI del BID. Un informe de esta instancia, publicado en 2021, reconoció violaciones a las políticas de sostenibilidad del banco y recomendó una salida responsable, además de otras medidas para mitigar los impactos sociales y ambientales. A pesar de las promesas de acción correctiva, organizaciones civiles exigen un enfoque más riguroso desde el principio, no solo ante conflictos que emergen en la ejecución de los proyectos.
La creciente presión por parte de comunidades y activistas sobre los organismos de financiamiento abre la puerta a un cambio significativo en la forma en que se gestionan las inversiones. Rosa Peña, abogada de AIDA, enfatiza que el BID tiene la oportunidad de liderar con el ejemplo en América Latina. Estas demandas se intensifican en un contexto global donde las promesas de desarrollo sostenible deben ser respaldadas con acciones concretas que prioricen el bienestar de las comunidades, evitando el legado de proyectos destructivos que han caracterizado el pasado.
Con el enfoque sobre el futuro de la banca de desarrollo y su relación con las comunidades locales, el debate sigue abierto y se vislumbra un camino hacia una mayor responsabilidad y rendición de cuentas en la inversión en proyectos de infraestructura en la región.
