Bower y policías enfrentan penas de 25 años de cárcel por sus acciones.
El exministro del Interior, Walter H. Bower Montalto, junto a los comisarios Merardo Palacios y Osvaldo J. Vera, se enfrentan a un juicio crucial por torturas a policías tras el intento de golpe de Estado en el año 2000.
El Tribunal de Sentencia definió la calificación del hecho punible y, con el voto mayoritario de las juezas Cándida Fleitas y Laura Ocampo, los acusados podrían recibir penas de entre 5 y 25 años de cárcel. El juicio ingresará en una nueva fase el próximo viernes, donde se evaluarán las evidencias presentadas por la agente fiscal Sonia Sanguinés, así como los alegatos de los abogados de los agentes querellantes, Jorge López y Alfredo Cáceres.
Los hechos de tortura que se encuentran bajo el escrutinio judicial tienen como víctimas a los agentes López y Cáceres, quienes fueron maltratados físicamente supuestamente bajo la supervisión de Bower. Este episodio ocurrió en un contexto de extrema tensión política, tras las acusaciones de un intento de golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi. Los desafíos políticos de ese periodo hicieron que las acciones de las fuerzas del orden fueran especialmente cercanas al abuso de poder.
El juicio actual es el segundo que enfrentan los imputados. En la etapa anterior, que concluyó el pasado sábado, se centraron en establecer la culpabilidad de los acusados. La decisión de dividir el proceso judicial se fundamenta en el artículo 72 del Código Penal, que establece la obligación de fragmentar el juicio si la pena potencial supera los diez años de prisión y se solicita por el imputado. Este paso fue crucial para la revisión de las decisiones iniciales.
El caso ha tenido un camino tortuoso en el sistema judicial. En diciembre de 2019, un tribunal había absolvido a Bower y a los comisarios Palacios y Vera de toda culpa y pena. El fallo fue emitido por mayoría de los jueces Carlos Hermosilla y Víctor Medina, mientras que la jueza Rossana Maldonado se pronunció en disidencia, lo que dio paso al descontento generalizado en torno a la sentencia.
El reexamen del caso comenzó luego de que la Cámara de Apelaciones, a través de una decisión emitida el 27 de abril de 2021, decidiera anular la sentencia anterior. La Tercera Sala de Apelaciones remarcó la necesidad de un nuevo juicio, lo que se tradujo en el actual proceso judicial. La decisión de revocar la absolución original abre una esperanza para las víctimas y sus familias, así como para la sociedad civil, que espera justicia ante los hechos de abuso de poder.
Se espera que este nuevo juicio arroje luz sobre las dinámicas de poder en la Policía Nacional durante un periodo de convulsión política en el país. Las acciones de los implicados en la tortura de los policías se enmarcan dentro de una serie de abusos que característica a los regímenes autoritarios que han marcado la historia reciente de la nación. El resultado de este juicio puede tener un impacto significativo no solo en la vida de los acusados, sino también en la percepción pública sobre la justicia en casos de abuso de derechos humanos.
La ciudadanía sigue con atención el proceso judicial y se espera que el Tribunal emita un dictamen claro y contundente que no solo aplique el peso de la ley a los culpables, sino que también sirva como un mensaje de que tales abusos no serán tolerados en el futuro.
