Carlos Mazón elude responsabilizar al franquismo en muerte de Hernández
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado una reciente declaración del Consell que exige la anulación de los juicios contra el poeta Miguel Hernández, comenzando un nuevo capítulo en la memoria histórica en España.
Mazón expresó su orgullo por esta iniciativa, pero la declaración ha generado controversia al omitir los detalles sobre las circunstancias de la condena y muerte de Hernández. La familia del poeta, encabezada por su nuera Lucía Izquierdo, ha argumentado que es fundamental reconocer el carácter injusto de los juicios a los que se enfrentó Hernández, destacando que no contó con las garantías legales adecuadas en un contexto de represión bajo el régimen franquista.
Joan Pàmies, representante legal de la familia, ha criticado directamente el contenido del comunicado del Gobierno valenciano. En sus declaraciones, afirmó que la omisión del contexto político y la falta de reconocimiento sobre cómo Hernández fue víctima de un proceso judicial incorrecto, carece de valentía y transparencia. Es vital, según Pàmies, que se mencione la realidad de que Hernández fue condenado por sus ideales en defensa de la Segunda República y que le negaron atención médica en prisión, entre otras injusticias que llevaron a su trágica muerte.
Durante una sesión de control en las Cortes valencianas, el portavoz socialista, José Muñoz, cuestionó a Mazón sobre su declarado aprecio por el poeta, subrayando la incoherencia entre sus palabras y las acciones del Consell. Muñoz acusó al presidente de emplear un lenguaje evasivo, señalando que era engañoso hablar de Hernández como una víctima de tuberculosis sin mencionar las violaciones de derechos humanos que sufrió durante su encarcelamiento.
La tensión entre los partidos fue palpable, ya que Mazón defendía su postura, afirmando que la oposición estaba en busca de generar polémica llamándolos «fachas». Sin embargo, Muñoz no se contuvo y reafirmó que Hernández murió durante un periodo marcado por la represión y que sus esfuerzos por la justicia merecían un reconocimiento cabal, no un lavado de imagen.
Los socialistas también criticaron la Ley de Concordia, impulsada por el partido Vox, como una obstrucción a la memoria histórica y los derechos de las víctimas del franquismo. Según Muñoz, esta nueva normativa reemplaza la anterior Ley de Memoria Democrática, que contemplaba un reconocimiento y reparación a las familias de las víctimas, alegando que la actual legislación favorece los intereses de la ultraderecha y deja en el olvido la lucha de figuras como Hernández.
Ante estas críticas, Mazón insistió en que su Gobierno no se dejaría influenciar por la oposición y que no pasaría «ningún examen sobre Miguel Hernández». Rechazó las acusaciones de falta de escrúpulos y subrayó que su intención es avanzar en un marco de convivencia que considere todas las visiones históricas. Sin embargo, los detractores de su gestión continúan sosteniendo que es un «presidente» que prioriza sus intereses políticos sobre la memoria de un ícono cultural español que defendió los valores de libertad e igualdad.
Finalmente, la disputa sobre la figura de Miguel Hernández y su legado poético destaca la división existente en el panorama político español respecto a la memoria histórica. Con la creciente polarización en los debates sobre el franquismo y sus consecuencias, tanto la familia de Hernández como los partidos de izquierda prometen seguir luchando por una representación justa y completa de la historia, que no solo honre la memoria del poeta, sino que también sirva de recordatorio de las luchas que aún persisten en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.
