Caso Azud: Colaborador de Barberá usó cuenta de hija para sobornos.
Nuevos Revelaciones en el Caso Azud: Sobornos y Corrupción en Valencia
La investigación del caso Azud ha revelado detalles inquietantes sobre la corrupción en el gobierno local de Valencia, afectando a funcionarios de alto nivel.
En el último desarrollo del caso, se ha destapado que Alfonso Grau, figura clave del gobierno del antiguo alcalde Rita Barberá, recibió un millón de euros en sobornos del empresario Jaime María Febrer, quien es el principal implicado en este escándalo. Los delitos que se le imputan a Grau incluyen cohecho, prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Este descubrimiento se basa en un sumario que recientemente salió de su estado de secreto y que ha puesto en la mira a varios funcionarios que manejaron contratos entre 1999 y 2013.
El acuerdo corrupto se formalizó el 21 de noviembre de 2006 y se ejecutó a través de una cuenta bancaria perteneciente a la hija de Grau, residente en Milwaukee, EE.UU. La investigación sostiene que Febrer utilizó esta cuenta, que estaba abierta en JP Morgan, para depositar el millón de euros acordado. Este hallazgo ha abierto una brecha en el conocimiento previo sobre cómo se manejaban los sobornos bajo el manto de la burocracia administrativa.
Además de este soborno directo, las pesquisas han revelado que la hija de Grau y su yerno mantenían otra cuenta en Valencia donde se realizaron depósitos en efectivo entre 2006 y 2014. La investigación indica que estos depósitos, programados para eludir controles financieros, alcanzaron sumas superiores a 69.500 euros. Esto sugiere una red de corrupción más amplia que operaba en los intersticios de la ley y que implica la complicidad de familiares de los funcionarios investigados.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que, entre 2004 y 2014, Grau y sus familiares experimentaron un incremento patrimonial de al menos 728.051 euros, cuya procedencia se estima como ilícita. Este incremento se consiguió mediante diversas transacciones destinadas a ocultar el origen del capital, utilizando tanto ingresos en efectivo como compras de bienes inmuebles, reflejando una sofisticada estrategia de blanqueo de dinero.
A lo largo de los años analizados, se han documentado ingresos en efectivo a nombre de Grau que alcanzan los 412.725 euros. Estos movimientos, realizados en cantidades que eludían los controles financieros, sugieren un sistema diseñado para mantener en la oscuridad las transacciones ilícitas y evitar el escrutinio público. La magnitud y el método detrás de estos movimientos plantean preguntas sobre la efectividad de los controles existentes en el sistema administrativo español.
Este no es el primer tropiezo legal para Alfonso Grau. En 2019, fue condenado a cuatro años de prisión por aceptar obsequios sin declarar, un par de relojes de lujo valorados en 25.000 euros, de un empresario con contratos municipales. Además, en este mismo año, la Audiencia Provincial de Valencia le impuso una nueva condena de cuatro años y medio de prisión por malversación y cohecho pasivo relacionados con la financiación de la campaña electoral del Partido Popular para las elecciones municipales de 2007.
Estas revelaciones subrayan la complejidad del caso Azud y su conexión con la estructura política local. El escándalo pone de relieve no solo la corrupción arraigada en la administración pública, sino también cómo las grandes corporaciones pueden manipular los contratos públicos, beneficiándose de vínculos con funcionarios. La magnitud del caso ha llevado a un llamado de atención internacional sobre la gestión de la corrupción en Europa, especialmente en regiones donde el clientelismo ha sido tolerado durante años.
A medida que continúan las investigaciones, el impacto de estas revelaciones se siente no solo en el ámbito jurídico, sino también en la confianza pública en las instituciones políticas. Los ciudadanos de Valencia, que han visto en repetidas ocasiones cómo la corrupción ha socavado su gobierno local, exigen rendición de cuentas y transparencia. En un entorno donde la indulgencia hacia ilícitos políticos ha prevalecido, la presión es cada vez mayor para que se tomen medidas enérgicas contra aquellos que han abusado del poder.
