Coalición Canaria reclama a Fiscalía por protocolo de acogida infantil.

Coalición Canaria reclama a Fiscalía por protocolo de acogida infantil.
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Coalición Canaria ataca al Ministerio Fiscal tras la suspensión del protocolo de acogida a menores migrantes

Coalición Canaria, liderada por el presidente regional Fernando Clavijo, ha lanzado ataques directos al Ministerio Fiscal tras la reciente decisión de la Audiencia Provincial que suspende el protocolo aprobado para la acogida de menores migrantes no acompañados en las Islas Canarias. Este conflicto revela tensiones significativas en la gestión de la crisis migratoria que enfrentan las islas.

El consejo político nacional de Coalición Canaria ha criticado duramente la postura del ministerio público, acusándolo de utilizar un "doble rasero" en su actuación. Según el partido, la Fiscalía presentó un recurso legal contra el protocolo al argumentar que su implementación podría derivar en una falta de atención inmediata a los menores que llegan en condiciones de vulnerabilidad extrema desde el mar. Esta oposición ha desatado una ola de críticas hacia un organismo que, según los canarios, parece buscar obstaculizar los esfuerzos del gobierno local.

En un comunicado emitido este domingo, Coalición Canaria consideró “inaceptable” la intervención del Ministerio Fiscal y recordó con renuencia que este organismo no mostró acción alguna en 2022 ante las graves condiciones que enfrentaban los menores, cuando el expresidente Ángel Víctor Torres, del PSOE, propuso la instalación de tiendas de campaña para albergar a estos jóvenes en situación de emergencia. La declaración del partido dejó entrever un resentimiento profundo hacia la percepción de que el ministerio ha cerrado los ojos ante los fallos estatales en materia migratoria en las islas.

La situación legal se complicó el pasado viernes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió suspender cautelarmente el protocolo de acogida, siguiendo la petición del Ministerio Fiscal. Los jueces argumentaron que existían “circunstancias de especial urgencia” que podrían comprometer la rápida acogida y entrega de los menores a las autoridades autonómicas responsables de su atención. Este desenlace ha puesto en tela de juicio la capacidad de gestión y respuesta del sistema de acogida.

Ante esta encrucijada, el Gobierno de Clavijo ha optado por un enfoque moderado hacia el sistema judicial. El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, se refirió a la decisión del tribunal como “razonable” y anunció que el Ejecutivo defenderá su protocolo ante los magistrados en el contexto de un sistema que ya está operativamente desbordado. La respuesta del gobierno se centra en la urgente necesidad de abordar las dificultades que enfrenta en la acogida de menores desde el mar.

El contexto canario es preocupante. Las islas se han convertido en un punto crítico de llegada para migrantes, muchos de ellos menores que se aventuran solos en busca de un futuro mejor. Este flujo constante ha desbordado las capacidades de acogida, exponiendo a los menores a condiciones de extremo riesgo y vulnerabilidad. La controversia sobre el protocolo de acogida refleja no solo una lucha política interna, sino también la lucha diaria de muchos jóvenes que buscan protección en un nuevo hogar.

El debate sobre las políticas migratorias en las islas y su adecuada gestión se intensifica con cada decisión judicial y política. Coalición Canaria ha dejado claro que continúa comprometido con la defensa de los derechos de los migrantes. Sin embargo, la tensión entre la política local y el papel del Ministerio Fiscal resalta las diferencias en la gestión de la emergencia migratoria y la implementación de soluciones efectivas.

En medio de estas disputas políticas, las voces de protección y cuidado hacia los menores migrantes deben prevalecer. La atención a las necesidades inmediatas de estos jóvenes es crítica, y los partidos deben encontrar un terreno común que les permita brindar atención adecuada a una de las crisis humanitarias más apremiantes en el continente europeo. Aunque las tensiones políticas son inevitables, el bienestar de los menores migrantes debería ser la prioridad que una a todas las partes involucradas.


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