Cumbre sobre justicia constitucional promueve derechos humanos en Europa
Cumbre Judicial en Madrid Aboga por un Derecho Constitucional Europeo Común
El presidente del Tribunal Constitucional español, Cándido Conde-Pumpido, propuso la creación de un derecho constitucional europeo común en la cumbre judicial celebrada en Madrid. Este evento reúne a los principales juristas de Francia, Italia, Portugal y España.
Conde-Pumpido hizo su declaración durante la cumbre anual que, en esta ocasión, se centró en el papel de los tribunales constitucionales como actores clave del constitucionalismo europeo. Entre los asistentes se encontraban los presidentes de los tribunales constitucionales de Italia y Portugal, Augusto Antonio Barbera y José João Abrantes, así como el presidente del Consejo Constitucional de Francia, Laurent Fabius. En su intervención, Conde-Pumpido subrayó la importancia del diálogo jurídico no solo entre estos países, sino también con las instituciones de la Unión Europea en Luxemburgo y Estrasburgo.
El presidente del Tribunal Constitucional español destacó el valor del derecho comparado y los precedentes horizontales. Según él, estas herramientas facilitan una comprensión más profunda de los sistemas legales nacionales y fomentan una mayor armonización en cuestiones cruciales como los derechos humanos. “Conocer las resoluciones de otros países, especialmente de nuestros vecinos, puede ser útil para abordar cuestiones complejas que revelan la necesidad de adaptar nuestras interpretaciones constitucionales a la realidad actual”, afirmó.
Durante la cumbre, representantes de los cuatro países participantes coincidieron en que sus respectivas jurisdicciones constitucionales han contribuido significativamente a la expansión de los derechos fundamentales y la consolidación de la democracia. Conde-Pumpido enfatizó que “una cultura jurídica común” es esencial para garantizar el Estado de derecho y, por tanto, una mejor protección de los derechos individuales. Estos intercambios entre tribunales se consideran fundamentales para el desarrollo de un marco legal europeo más robusto y cohesionado.
Cándido Conde-Pumpido también hizo énfasis en la importancia de la adhesión de España a la Unión Europea, un proceso que transformó el sistema jurídico español y permitió su alineación con el derecho comunitario. Recordó dos reformas constitucionales cruciales: la primera, en 1992, que otorgó a los ciudadanos de la Unión el derecho a votar y ser elegidos en elecciones municipales; y la segunda, en 2011, que introdujo cambios significativos para garantizar la estabilidad presupuestaria, en respuesta a las crisis económicas de la época.
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional español, Inmaculada Montalbán Huertas, complementó las intervenciones resaltando el impacto que la jurisprudencia de otros organismos de garantía ha tenido en las decisiones del tribunal español a lo largo de sus 44 años de existencia. Explicó que estas referencias a sentencias extranjeras ayudan a conformar un contexto cultural en el que se adoptan decisiones fundamentales, contribuyendo así a la formación de un derecho constitucional europeo común.
El evento, que tuvo su origen en 1997 con un primer encuentro entre los tribunales constitucionales de Italia y España, también celebró la incorporación de Portugal en 1999 y la participación del Consejo Constitucional de Francia desde 2017. Este tipo de cumbres anuales permiten a los países miembros intercambiar experiencias y mejores prácticas, lo que se traduce en un enriquecimiento del marco jurídico europeo en su conjunto.
A medida que Europa enfrenta desafíos complejos, desde el respeto a los derechos humanos hasta la cohesión social y la democracia, los diálogos entre estos tribunales constitucionales se erigen como un baluarte para abordar las realidades contemporáneas. La cumbre refleja un compromiso renovado con la colaboración y el intercambio jurídico en un continente que busca fortalecer sus bases democráticas y garantizar la protección de los derechos de todos sus ciudadanos.
Al establecer las bases para un derecho constitucional europeo común, los responsables jurídicos de España, Francia, Italia y Portugal abogan por un futuro donde las tradiciones legales se entrelacen y se nutran mutuamente, asegurando que el legado del constitucionalismo europeo perdure y se adapte a las necesidades emergentes del siglo XXI. Este objetivo no solo es deseable, sino esencial en la construcción de una Europa unida, tanto en lo político como en lo jurídico.
