Debate jurídico por pedidos de intervención
El abogado constitucionalista Emilio Camacho acusó al contralor general Camilo Benítez de usurpar funciones al solicitar la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, afirmando que la Constitución no le otorga esa atribución. Desde la Contraloría, el abogado Leandro Villalba defendió el pedido, asegurando que el artículo 165 de la Carta Magna respalda la medida ante graves irregularidades.
“No existe un solo artículo en la Constitución ni en la Ley Orgánica Municipal que habilite a la Contraloría a pedir la intervención de un municipio”, afirmó Camacho. Según el jurista, la CGR solo tiene funciones de control y fiscalización, pero no de promover intervenciones, ya que esto corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados.
Lo que dice la Contraloría
Por su parte, Leandro Villalba, director de Auditoría Forense de la Contraloría, defendió la actuación del órgano de control. Sostuvo que la Constitución Nacional, en su artículo 165, contempla expresamente que una municipalidad puede ser intervenida por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de los diputados, en casos de graves irregularidades en la gestión presupuestaria o de los bienes, siempre con dictamen previo de la Contraloría.
Asimismo, indicó que existen antecedentes judiciales que avalan esta práctica, como la sentencia 381 del Tribunal de Cuentas en 2010, en la que se rechazó una acción promovida contra un pedido de intervención similar realizado por el entonces contralor Óscar Aíraldi.
“Estamos hablando de más de 500 mil millones de guaraníes con destino incierto en Asunción, y más de 42 mil millones sin documentos en Ciudad del Este”, aseguró.
