Desafíos de la reforma política de Petro en el Congreso

Colombia intenta una vez más reformar su sistema político con nuevas propuestas anti-corrupción

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado ante el Congreso una ambiciosa reforma política y electoral, buscando transformar un sistema asediado por la corrupción y el caudillismo. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en compañía de congresistas del Pacto Histórico, formalizó la entrega del proyecto de ley a la Primera Comisión de la Cámara de Representantes, donde se espera que comience su debate en las próximas semanas.

Este es el segundo intento del gobierno de Petro para avanzar con estas reformas desde su llegada al poder en agosto de 2022. El primer proyecto fracasó en el Senado, donde se bloqueó en una de las etapas iniciales del debate. El aluvión de críticas culminó en una escena notable en redes sociales, donde el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, rompió el documento en señal de rechazo a una propuesta que consideraba desvirtuada. Barreras había argumentado en ese momento que la reforma carecía de esencia y no representaba adecuadamente los intereses del país.

A un año y medio de aquel descalabro, el gobierno ha decidido reactivar su propuesta con el mismo objetivo central: fortalecer la democracia colombiana y establecer un sistema político más transparente. Esta nueva propuesta, que consta de 11 páginas y nueve artículos, busca consolidar una estructura política "más limpia y representativa", conforme a las declaraciones de los funcionarios involucrados.

El ministro Cristo ha subrayado la importancia de esta reforma en el contexto de los acuerdos de paz firmados en 2016 con la guerrilla de las FARC. Indicó que es vital establecer reglas del juego político que promuevan la participación pluralista y así contribuir a una paz duradera. Este proyecto también se alimenta de las recomendaciones formuladas en una misión electoral reconocida por el Estado, que vislumbra un futuro político más justo para Colombia.

Uno de los pilares más destacados de la reforma es la propuesta de financiamiento estatal exclusivo para campañas políticas, con el fin de aminorar la influencia de intereses privados y resolver el problema de los conflictos de interés en la legislación. Según el documento presentado por el Ministerio del Interior, las campañas deben ser financiadas únicamente con recursos del estado, lo que evitaría que empresas o individuos aporten dinero, garantizando de este modo una competencia electoral equitativa.

Con esta medida, la administración de Petro busca reducir drásticamente los casos de financiamiento de campañas donde el interés privado se cruzaría con la responsabilidad pública. Sin embargo, surgen inquietudes sobre cómo garantizar la transparencia absoluta, dado que el riesgo de recurrir al financiamiento clandestino siempre está latente sin una supervisión eficaz.

Otro componente significativo de la reforma es la prohibición de donaciones y regalos a campañas políticas, así como la contratación de transporte para los votantes el día de las elecciones. El gobierno argumenta que estas medidas son imprescindibles para equilibrar las condiciones de competencia entre fuerzas políticas y asegurar una rendición de cuentas adecuada. Aunque el artículo también promete un aumento del 50% en el financiamiento público de los partidos políticos, no existe claridad sobre quién y cómo se supervisará dicho aumento.

El segundo pilar de la reforma busca implementar listas cerradas y bloqueadas para candidatos a cargos públicos, algo que tradicionalmente ha generado una fuerte resistencia en el Congreso, especialmente entre los congresistas influyentes que temen perder poder. A pesar de las críticas recibidas, la propuesta busca asegurar que las listas se elaboren respetando principios de paridad y representatividad. Esta iniciativa también tiene la ambición de ser efectiva para las elecciones territoriales de 2027.

Recientemente, el ministro, en una entrevista, subrayó que la actual crisis de corrupción en el Congreso reafirma la urgencia de esta reforma ya que se han evidenciado patrones recurrentes de corrupción, alimentados por un sistema político débil. Enfatiza que el clientelismo y los escándalos persistirán a menos que se transformen las maneras de elección y se fortalezcan los partidos políticos.

Finalmente, la reforma propone el establecimiento de una autoridad electoral independiente al eliminar la actual estructura de elección de jueces del Consejo Nacional Electoral, quienes hoy son elegidos por el Congreso. Bajo esta nueva propuesta, estos magistrados serán seleccionados a través de una convocatoria pública, lo que busca dotar de mayor imparcialidad y credibilidad la supervisión electoral.

Sin embargo, la tramitación de estas reformas es compleja y podría enfrentar una fuerte resistencia por parte de los parlamentarios, quienes generalmente no apoyan medidas que amenacen su poder directamente. La relación cada vez más tensa entre el Legislativo y el Ejecutivo podría dificultar el camino hacia unos cambios que los ciudadanos consideran fundamentales para combatir la corrupción y fortalecer la democracia en Colombia.