Dos intendentes pierden fondos por incumplimiento de normativas del Ministerio de Economía.

Título: Municipalidades en crisis: Intendentes de Asunción y Valenzuela enfrentan bloqueo de fondos estatales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha realizado transferencias significativas a municipios y gobernaciones, pero notables ausencias de financiamiento han desatado la alarma y la incertidumbre entre las autoridades locales.

Desde enero hasta septiembre de 2023, el MEF transfirió un total de G. 1.320.715 millones a distintas municipalidades y G. 980.007 millones a las gobernaciones en concepto de royalties, Fonacide y otros recursos. Sin embargo, esta inyección de dinero no ha alcanzado a todos. El intendente imputado de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, han señalado que no han recibido un solo guaraní en recursos estatales, generando preocupación sobre la situación financiera y administrativa en sus respectivas localidades.

Particularmente, el caso de Nenecho Rodríguez destaca, ya que se encuentra en medio de un proceso judicial que afecta gravemente su gestión. Según información proporcionada por el MEF, su falta de acceso a fondos se debe al incumplimiento de varios requisitos legales necesarios para la transferencia de recursos. Rodríguez, perteneciente al partido ANR-HC, enfrenta acusaciones que podrían desembocar en sanciones más severas si no regulariza su situación.

Por su parte, la intendenta Mirtha Fernández, del partido PLRA, también ha quedado excluida del flujo de ingresos estatales desde 2021. Fernández se enfrenta a acusaciones de lesión de confianza y asociación criminal, que han puesto en tela de juicio su capacidad para manejar los recursos de su municipio. A pesar de esta situación, la intendenta recurre a diferentes estrategias legales en un intento de retrasar el inicio de su juicio oral, lo que ha generado críticas al interior de su comunidad y entre sus opositores políticos.

El bloque de recursos destinados a estas intendencias refleja una dura realidad para muchas municipalidades que dependen de los fondos del Estado para cumplir con sus obligaciones y financiar proyectos. Las transferencias se basan en la rendición de cuentas y la presentación de informes cuatrimestrales, requisitos que, al no cumplirse, resultan en la suspensión automática de los fondos por parte del Ejecutivo.

El panorama se complica aún más considerando que las autoridades locales deben gestionar la crisis económica mientras intentan cumplir con los protocolos establecidos por el MEF. La responsabilidad de los intendentes y gobernadores en la presentación de documentos es crucial para evitar que sus comunidades se queden sin recursos. Sin embargo, muchas veces, los procesos administrativos se ven afectados por la burocracia y la falta de apoyo técnico, lo que termina perjudicando a los ciudadanos.

En este contexto, muchos críticos apuntan a que la falta de apoyo financiero en Asunción y Valenzuela podría tener repercusiones más amplias, afectando la calidad de vida de los habitantes y obstaculizando el desarrollo de infraestructura y servicios esenciales. Las obras de pavimentación, educación y salud pública se encuentran en un punto crítico, esperando la llegada de fondos estatales que podrían marcar la diferencia entre el avance y el estancamiento de estas comunidades.

A medida que la crisis se agrava, urgentes llamados a la acción se están haciendo eco entre los diferentes sectores sociales y políticos. La situación ha propiciado el surgimiento de iniciativas que buscan fortalecer la comunicación entre municipalidades y el MEF, con la esperanza de que se puedan establecer mecanismos de acompañamiento que faciliten el acceso a los recursos. Algunas organizaciones de la sociedad civil también han comenzado a presionar para que se revisen las condiciones necesarias para la entrega de fondos y se implementen alternativas, especialmente en casos donde la justicia está involucrada, para garantizar que los ciudadanos no se vean perjudicados por lo que sucede entre las autoridades.

La situación financiera en Asunción y Valenzuela es un reflejo de problemas estructurales en el sistema de distribución de recursos estatales en Paraguay. Mientras tanto, el MEF y otras instituciones deben trabajar de manera más colaborativa con los gobiernos locales para resolver estos conflictos, de modo que se priorice el bienestar de los ciudadanos y se busquen soluciones efectivas a los impasses legales que han dejado a muchas comunidades sin el respaldo financiero que requieren.

En conclusión, las ausencias de recursos en las intendencias de Asunción y Valenzuela marcan un momento crítico en la gestión pública en Paraguay. A medida que se desarrollan los casos legales de las autoridades implicadas, la incertidumbre sobre el futuro de estos municipios se intensifica. La interacción entre el gobierno nacional y las autoridades locales necesita ser revisada y reformulada para asegurar una distribución equitativa de los fondos y prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. Las voces de los ciudadanos deben ser escuchadas para que se tomen decisiones que favorezcan el desarrollo y la equidad en todo el país.