Dueño de fuegos artificiales ilegales recibe cuatro años de prisión.

El gerente de un almacén ilegal de pirotecnia en España fue condenado a prisión tras la trágica explosión de 2018, que tuvo un devastador impacto en la comunidad de San Xoán de Paramos.

Francisco González Lameiro, responsable de la pirotecnia denominada La Gallega, admitió su culpabilidad en la Audiencia Provincial de Pontevedra. La explosión, provocada por el almacenamiento irregular de explosivos, resultó en la muerte de un matrimonio y dejó casi 30 heridos, además de provocar daños materiales significativos en la localidad, que alberga a aproximadamente 3,000 residentes. El tribunal dictó una pena de cuatro años de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y otros 28 delitos de lesiones, además de indemnizaciones que ascienden a 12 millones de euros.

La sentencia del tribunal también abordará la responsabilidad de distintos actores en el pago indemnizatorio. En este contexto, se espera que una parte considerable de los daños sea asumida por la Administración y, en menor medida, por la aseguradora de la pirotecnia. Existen dudas sobre si la aseguradora Mapfre cubrirá la responsabilidad civil completa, con una prima de 1.5 millones de euros. Las otras compañías aseguradoras han estado de acuerdo con las cantidades solicitadas por la Fiscalía y no han contestado la responsabilidad penal.

Durante el juicio, González Lameiro se disculpó a las víctimas, lo cual influyó en su sentencia más benigna, dado que la Fiscalía había solicitado originalmente una pena de 14 años. Además de los homicidios y lesiones, el fiscal señaló que también se cometieron infracciones de seguridad que pusieron en riesgo la vida y la salud de los habitantes y el medio ambiente. Se solicita que González Lameiro sea inhabilitado para manipular explosivos y que pague una multa de 3,780 euros.

El juicio no solo trató las cuestiones penales, sino que también se enfocó en las indemnizaciones que deberían ser pagadas a las víctimas. El Fiscal ha propuesto compensar a cada uno de los hijos menores del matrimonio fallecido con 140,000 euros, además de indemnizar a 36 vecinos afectados y a 430 propietarios de viviendas y 76 propietarios de vehículos. Se estima que el costo total de los daños materiales en servicios urbanos de la localidad superará los 780,232 euros.

González Lameiro fue acusado de actuar con desprecio consciente hacia las normas de seguridad, evitando deliberadamente el control administrativo. Este comportamiento irresponsable y descuidado llevó a la tragedia que cambió la vida de muchos en San Xoán de Paramos, donde las heridas físicas y emocionales aún persisten.

Salvador García, presidente de la Asociación de Afectados de Páramos, destacó que el juicio representa el cierre de un capítulo doloroso para la comunidad. A pesar de la reducción de la pena impuesta, García subrayó la importancia de que el acusado compareciera ante el tribunal. «Lo que no queríamos es que entrara en prisión por la puerta de atrás”, indicó al reafirmar el deseo de la comunidad de poder pasar página.

A medida que la comunidad se esfuerza por recuperar la normalidad, la reciente condena también se ve como una oportunidad para que los vecinos cierren un ciclo triste. Las casas dañadas han sido reparadas, y los residentes desean avanzar sin la carga del pasado. «Nunca olvidaremos lo que sucedió, pero queremos cerrar este proceso judicial para no vivir anclados en este trágico recuerdo», afirmó el portavoz de los afectados.

El abogado de los demandantes, Calixto Escariz, explicó que será la Audiencia Provincial quien determinará el alcance de la responsabilidad civil en la sentencia final. Resaltó que no solo las víctimas presentaron reclamaciones, sino también la Administración, que anticipó una parte significativa de los daños. Se espera que, tras la condena, la comunidad pueda contar con el respaldo necesario para avanzar en la recuperación y sanar sus profundas heridas.