El PP abandona su proyecto de ley de Concordia en Castilla y León.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado un giro inesperado en la tramitación de la Ley de la Concordia, planteando preocupaciones sobre la estabilidad política en la región.

Mañueco, líder del Partido Popular (PP), había defendido la legislación como un instrumento de reconciliación en el complejo contexto de la memoria histórica en España. En 2022, durante la firma de su Pacto «sin complejos» con la extrema derecha de Vox, aseguró que este nuevo marco legal contribuiría a la armonización social y evitaría que la historia se utilizara como una herramienta de división. Sin embargo, el pasado 25 de septiembre, el PP votó en contra de una ley que había prometido antes, poniendo en duda sus principios originales.

Este cambio en la dirección política del PP se ha visto influido por la ruptura de la coalición con Vox en julio de 2024. Juan García-Gallardo, exvicepresidente y líder regional de Vox, ha criticado duramente a sus antiguos aliados, señalando que las decisiones recientes del PP contradicen el pacto inicial. A pesar de sus intentos de desmarcarse, Mañueco ha argumentado que la falta de Vox no afecta el funcionamiento del gobierno regional, minimizando las tensiones políticas resultantes de esta ruptura.

La situación se ha complicado aún más con la inusitada alianza que se ha formado entre Vox y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para llevar el debate sobre la Ley de la Concordia al Parlamento regional. Aunque el PSOE ha dejado claro que no apoyará la propuesta, su participación busca forzar al PP a posicionarse y revelar sus verdaderas intenciones. Mañueco ha descalificado esta táctica como un «apriete» político, insistiendo en que su partido se toma en serio la revisión de la ley y busca verificar su adecuación a través de un informe del Consejo Consultivo.

El ambiente en el hemiciclo se volvió más tenso cuando García-Gallardo, quien había colaborado con Mañueco en el pasado, lo acusó de caer en contradicciones y falta de credibilidad. En un momento de la discusión, el líder de Vox recordó que la legislación que ahora se encuentra bajo ataque fue inicialmente respaldada por ambos partidos, advirtiendo que el rechazo a esta normativa podría llevar de regreso al «decreto de la discordia» de 2018, que clasificaba a las víctimas de la guerra civil en diferentes categorías y socavaba el proceso de reconciliación.

Mañueco, en respuesta a las críticas, no escatimó palabras para criticar la alianza de Vox con el PSOE, describiéndola como una relación insólita. Su defensa giró en torno al mensaje de que las dinámicas políticas actuales están arrojando nuevas coaliciones que desafían los paradigmas tradicionales. Además, recordó que las tensiones previas entre el PP y Vox en otras provincias no han producido más que conflictos internos que han debilitado la imagen de ambos partidos ante los votantes.

Por otra parte, el PSOE ha jugado un papel como observador en esta disputa, destacando que a pesar de las maniobras políticas, no se aliará con Vox para hacer que la Ley de la Concordia avance. Luis Tudanca, líder socialista en Castilla y León, subrayó las contradicciones dentro del PP en relación con sus alianzas anteriores y pidió a Mañueco que asuma su responsabilidad por haber colaborado en el pasado con un partido que cuestiona la democracia.

Mientras tanto, Podemos y Ciudadanos también han dejado sentir su descontento; Podemos ha calificado la Ley de la Concordia como un intento de blanquear el franquismo, mientras que Francisco Igea, exlíder de Ciudadanos, ha cuestionado la efectividad de una nueva ley que, según él, no es más que una versión revisada de la normativa de 2018.

El debate culminó el 25 de septiembre con un resultado desfavorable para la Ley de la Concordia, resultando en un revés significativo para Mañueco, quien se encontró solo en su defensa de la propuesta. El desenlace de esta votación también resonará fuera de las fronteras de Castilla y León, ya que deja abierta la cuestión del futuro de otras normativas similares en regiones gobernadas por el PP, como Aragón y la Comunidad Valenciana.

A nivel nacional, la Ley de Memoria Democrática sigue vigente, lo que plantea interrogantes sobre la dirección que tomarán otras comunidades ante el cada vez más tenso debate sobre la reconciliación histórica y los recuerdos del pasado. Mientras tanto, el futuro político en Castilla y León sigue planteando desafíos al PP, ya que la falta de una sólida base de apoyo podría repercutir en las elecciones venideras.