España repatriará a 16 saharauis que pidieron asilo.

España deporta a 16 saharauis tras denegarles el asilo, generando preocupación internacional sobre derechos humanos.

El pasado jueves, el Ministerio del Interior de España llevó a cabo la deportación de 16 saharauis que desde el verano permanecían en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, después de que se les denegara su solicitud de protección internacional. Este grupo, que incluía a algunos menores de edad, partió hacia Marrakech en un vuelo de Air Europa a las 23:50 horas, mientras que otros saharauis aún esperan su retorno programado para el próximo domingo en un vuelo similar.

Uno de los deportados, Hamou Ali, un hombre de 30 años de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, ha generado especial atención debido a su situación. Según informes, Ali es sordomudo y padece cáncer. Fuentes cercanas a su caso han revelado que fue detenido por las autoridades españolas de manera violenta, con sus manos atadas con cuerdas, tras mostrar “mucha resistencia” a ser evacuado. La imagen de su arresto ha despertado la indignación tanto a nivel local como internacional.

Al llegar a Marruecos, algunos de los deportados han sido arrestados y están siendo interrogados por las autoridades locales, según indicaron los abogados de los solicitantes. Este episodio no es aislado; el Ministerio del Interior ya había intentado expulsar a estos ciudadanos en múltiples ocasiones, pero se habían negado a embarcarse en los vuelos programados. La situación ha suscitado críticas sobre el trato a los solicitantes de asilo.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, explicó que cada caso se evalúa de manera individual, basándose en “criterios y requisitos establecidos por el derecho nacional e internacional en materia de protección”. Sin embargo, muchos de estos saharauis, que afirmaron no querer ser devueltos a Marruecos, eran originarios del Sáhara Occidental y contaban con documentación que respaldaba su situación, incluyendo informes de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso).

A pesar de la existencia de informes favorables del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que recomendaban no expulsar a estos individuos y solicitaran una revisión de sus casos, el gobierno español decidió avanzar con las deportaciones. ACNUR, al recordar las condiciones que rigen para los apátridas, instó al Gobierno español a garantizar la entrada y la continuación del procedimiento de apatridia, advirtiendo que expulsar a estos solicitantes podría vulnerar sus derechos.

La decisión del gobierno español ha sido recibida con vehemente rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y partidos políticos. Unidas Podemos, uno de los grupos que ha seguido con preocupación la situación de los saharauis en Madrid, calificó la deportación como “gravísima” y acusó al Gobierno del PSOE de maniobras para que estas violaciones de derechos fundamentales se realicen sin supervisión pública. Esto ha provocado una oleada de críticas tanto en el ámbito nacional como internacional.

Los cerca de 40 saharauis que habían llegado al aeropuerto de Barajas en distintos vuelos a finales de agosto solicitaron asilo inmediatamente. Sin embargo, todos sus pedidos fueron rechazados, a pesar de presentar pruebas de la persecución que enfrentan en Marruecos, incluyendo testimonios documentales y amparados por la normativa internacional. Durante su estancia en el aeropuerto, estos solicitantes denunciaron condiciones de vida inaceptables, que incluían falta de higiene, presencia de chinches y raciones alimenticias limitadas, lo que llevó a algunos de ellos a iniciar una huelga de hambre en señal de protesta.

Este episodio refleja la complejidad y los desafíos en torno a las políticas de asilo en Europa, especialmente en contextos donde se mezclan derechos humanos, referencias históricas y consideraciones políticas. El Gobierno español, bajo el escrutinio de organismos internacionales, enfrenta una creciente presión para revisar sus prácticas de deportación y su compromiso con la protección de los derechos de los solicitantes de asilo, reforzando la importancia de un trato humano y justo ante situaciones desesperadas. Las próximas decisiones que tome el Gobierno podrían sentar un precedente significativo en la manera en que Europa maneja las solicitudes de asilo y la protección de aquellos perseguidos por motivos políticos o de origen.