Evolución y desafíos de indicadores de desarrollo social en Paraguay
Paraguay presenta un panorama mixto en términos de desarrollo social al analizar indicadores clave que reflejan su situación socioeconómica en relación con América Latina y el Caribe (ALC) y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Es de mencionar que, la economía de Paraguay, centrada en actividades agropecuarias y con una expansión económica estable en los últimos años, ha contribuido a este progreso. No obstante, factores como la alta informalidad y la falta de diversificación económica siguen restringiendo la efectividad de las políticas de reducción de la pobreza.
Las mejoras en el Gini en Paraguay están vinculadas a políticas de transferencia condicionada de ingresos y programas de protección social. No obstante, estas iniciativas han sido insuficientes para atacar de manera integral las raíces de la desigualdad, como el acceso desigual a educación y empleo formal.
Otros indicadores socioeconómicos de Paraguay
En cuanto al indicador de la informalidad y los hogares mixtos, los datos reflejan la proporción de la población con ingresos provenientes de empleos informales o una combinación de formales e informales.
En 2009, el 66,3% de la población vivía en hogares informales, una cifra que cayó al 57,4% en 2018/23. El nivel sigue siendo superior al promedio de ALC (47,9% en 2009/16 y 46% en 2021/23), lo que refleja la debilidad del mercado laboral formal en el país.
El Índice de Género e Instituciones Sociales, que mide las restricciones sociales e institucionales que enfrentan las mujeres, evidencia un deterioro en Paraguay, pasando de 32,8 en 2019 a 20,6 en 2023. A pesar de esta caída, el país sigue por debajo del promedio de ALC (25,4 en 2019 y 21,6 en 2023) y de la OCDE (15,3 en 2023). Esto destaca las limitaciones en igualdad de género, particularmente en áreas como acceso a educación, empleo formal y participación política.
El país necesita implementar reformas estructurales, como la promoción de mercados laborales formales, la mejora del sistema educativo y la inclusión financiera. Políticas específicas dirigidas a mujeres y poblaciones rurales, junto con una mayor diversificación económica, serán claves para reducir las brechas con ALC y la OCDE.
