Gremios empresariales solicitan a Peña que vete la legislación contra organizaciones no gubernamentales.
Veintitrés organizaciones civiles y empresariales han dirigido una carta abierta al presidente Santiago Peña, solicitando el veto total del proyecto de ley conocido como «ley anti-ONG». Este controversial plan busca regular el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro en el país.
La misiva plantea serias preocupaciones sobre las implicaciones del proyecto de ley, argumentando que su implementación podría abrir la puerta a un sistema institucional excluyente. Las organizaciones firmantes destacan que, en lugar de fomentar la inclusión y la transparencia, la ley amenaza con debilitar las estructuras que permiten un funcionamiento libre y participativo de las entidades sociales.
La carta también hace un llamado a la acción en defensa de la institucionalidad democrática del país. Los firmantes advierten que, si el gobierno no toma decisiones adecuadas para salvaguardar este aspecto crucial de la gobernanza, podría comprometerse la relación del país con organismos internacionales, poniendo en riesgo la calificación crediticia que Moody’s ha otorgado a la nación. Esta evaluación es fundamental, ya que influye en la confianza que los inversionistas tienen en el entorno económico del país.
Amnistía Internacional, una de las principales voces en defensa de los derechos humanos a nivel global, también se ha manifestado en contra de la propuesta. La organización ha expresado su preocupación por los efectos que esta ley podría tener sobre las libertades civiles y el trabajo de defensa de los derechos humanos en el país. Consideran que esta legislación podría silenciar a aquellas organizaciones que juegan un rol fundamental en la supervisión del estado y en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Los críticos del proyecto afirman que la ley se alinea con tendencias observadas en otras naciones, donde se han implementado medidas restrictivas similares para limitar la operación de las ONG. Muchos de estos países han visto un debilitamiento del tejido civil y una menor participación de la sociedad en la vida pública, lo que incrementa riesgos para la democracia.
En el contexto actual de polarización política y social, estas organizaciones consideran que la aprobación de la ley sería un retroceso considerable para los derechos y libertades en el país. Insisten en que un marco legal que restringe el funcionamiento de las ONG no sólo atenta contra la libre asociación, sino que también menoscaba la posibilidad de que los ciudadanos se organicen para abogar por sus derechos y necesidades.
La carta abierta ha generado un amplio debate en la esfera pública, con varios sectores de la sociedad uniendo esfuerzos para rechazar la propuesta. La movilización ha tomado diferentes formas, desde manifestaciones pacíficas hasta la difusión de información sobre las consecuencias que podría acarrear la normativa en cuestión.
Expertos en derechos humanos y en legislación comparada han señalado que, más allá de los efectos inmediatos sobre las organizaciones sin fines de lucro, la ley podría sentar un peligroso precedente. Alertan que una debilidad en el sistema de organizaciones civiles podría repercutir en otras áreas del aparato estatal, afectando la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno.
La discusión sobre este proyecto de ley no solo refleja la tensión entre el estado y las organizaciones civiles, sino que también pone en el centro del debate la urgencia de fortalecer la participación ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales. En un momento histórico donde las democracias del mundo enfrentan desafíos significativos, la resistencia ante propuestas que restringen la libertad de asociación se erige como un imperativo ético para la construcción de sociedades justas y equitativas.
Mientras el país espera una respuesta del presidente Peña, la comunidad civil y las organizaciones internacionales seguirán vigilando de cerca la evolución de esta situación, con la esperanza de que prevalezcan los principios democráticos y el espacio para el activismo social en todas sus formas.
