Indagan sobre apropiación de indemnización para familias de obreros fallecidos en Caaguazú.
En un devastador caso de abuso de confianza, se ha descubierto un escandaloso esquema de apropiación de fondos en Paraguay, afectando a las familias de dos obreros que perdieron la vida en un trágico accidente laboral.
El pasado mes de agosto, dos trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) fallecieron a causa de una electrocución en la localidad de Caaguazú. En respuesta a esta tragedia, la ANDE decidió otorgar una indemnización de G. 400 millones a cada familia afectada. Sin embargo, como ha revelado la investigación, se alega que ambas familias fueron víctima de maniobras fraudulentas que resultaron en la recepción de solo G. 30 y 50 millones, cantidades muy por debajo de lo que legalmente les correspondía.
La situación, en una primera instancia, fue confirmada por el presidente de la ANDE, Félix Sosa, quien también expresó su indignación ante el hecho. Sosa afirmó que, aunque se emitieron cheques por el total de G. 800 millones, los familiares no pudieron acceder a los fondos debido a la intervención de personas que ofrecieron su ayuda para gestionar el cobro y, en consecuencia, se aprovecharon en el proceso.
Los familiares de las víctimas, viviendo en condiciones precarias, han quedado sumidos en la desesperación tras el trágico suceso. Residentes en una humilde vivienda de madera sin las mínimas condiciones, se enfrentan ahora a la difícil tarea de entender cómo dos de sus seres queridos pudieron ser despojados de la compensación que legítimamente les correspondía.
Ante la gravedad de estos hechos, la Fiscalía ha iniciado investigaciones que involucran al menos a ocho personas en el esquema de apropiación. Se han señalado nombres como el abogado Darío Flores y Ana Delia Acosta, quien supuestamente operó sin la matrícula correspondiente para ejercer como abogada. Las averiguaciones han revelado que familiares de Acosta también participaron en el fraude.
La fiscal encargada ha enfatizado que “el cheque es intransferible”, lo que plantea serias dudas sobre las prácticas de los bancos que intervinieron en el cobro de dichos fondos. Además, se han presentado acusaciones de coacción directa hacia las familias afectadas, lo que agrava aún más la situación. Se teme que la impunidad de quienes se benefician de las vulnerabilidades ajenas sea una problemática recurrente en el país.
Por su parte, el presidente de la ANDE ha declarado que la institución está comprometida con la verdad y la justicia. «Es una cuestión lamentable. Después de emitir el cheque, no tenemos control sobre lo que sucede», comentó Sosa. La ANDE ha prometido colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer el hecho y garantizar que los culpables sean llevados ante la justicia.
A medida que avanza la investigación, el número de implicados podría aumentar, y se considerarían nuevos cargos relacionados con el abuso y la explotación sistemática de la buena fe. No se descartan otras tipificaciones penales al respecto, según ha informado la fiscalía. La frustración de las familias de las víctimas, sumada a la alarmante revelación de que estas personas han sido objeto de engaño y manipulación, despierta un sentido de urgencia para que se tomen medidas efectivas que protejan a los más vulnerables.
Al final, la denuncia de este caso no solo pone de relieve la precariedad de muchas familias en Paraguay, sino también la necesidad de un marco legal más robusto que defienda a las personas en situaciones de vulnerabilidad, evitando que vuelvan a ser víctimas de aquellos que buscan lucrar a expensas de su sufrimiento. Este lamentable episodio invita a la reflexión sobre la necesidad de educación y asistencia legal accesible para todos, especialmente para aquellos que carecen de recursos y conocimientos.
Todo apunta a que este escándalo podrá marcar un hito en la lucha contra el abuso legal en el país, resaltando la importancia de permitir que tanto la justicia como la verdad prevalezcan en favor de quienes han sido injustamente tratados. A medida que las familias buscan respuesta y justicia, la sociedad en su conjunto debe cuestionarse cómo prevenir tales abusos en el futuro.
