Jueza procesada por caso “mafia de los pagarés” denuncia a fiscales que la imputaron
La jueza de Paz de La Catedral 2° Turno Nathalia Guadalupe Garcete Aquino, procesada en el caso de la “mafia de los pagarés”, denunció a los fiscales encargados de la investigación, por supuesto prevaricato y otros hechos punibles. En su denuncia la magistrada afirma que los agentes del Ministerio Público vulneraron garantías del debido proceso, poniendo “en riesgo” una causa emblemática.
De acuerdo con el escrito de la denuncia, la magistrada pide que los agentes del Ministerio Público sean investigados por supuesto prevaricato, alteración de datos, coacción respecto a las declaraciones, publicación de hechos en investigación a terceros presentando como culpables a los imputados y otros hechos punibles supuestamente cometidos durante la investigación señalada.
Agrega que los fiscales publicaron los procesos de allanamiento, facilitaron información de procedimientos a los medios de comunicación para que estos publiquen y generen “conciencia social negativa” contra la administración de justicia, en violación del debido proceso y la presunción de inocencia, según resalta parte de la denuncia.
La magistrada solicita al fiscal general del Estado Dr. Emiliano Rolón Fernández que ordene la apertura de una investigación, integre un equipo fiscal, se ordene el allanamiento de los unidades fiscales a cargo de los agentes denunciados y se periten los teléfonos celulares de los agentes del Ministerio Público.
Supuestas maniobras en la “mafia de los pagarés”
Puntualmente, la jueza de Paz de La Catedral afirma que la fiscal Belinda Bobadilla “se limitó a excluir hechos concretos denunciados y a las víctimas que acudieron en masa a solicitar auxilio no siendo ni siquiera escuchadas, simplemente se apartó del hecho que generó competencia de UDEA que es indicio de enriquecimiento ilícito.”
Nathalia Guadalupe Garcete Aquino destaca también que la agente del Ministerio Público, quien coordina el equipo fiscal encargado de la investigación, actualmente está buscando acuerdo con las víctimas, de tal manera a excluir el hecho punible de enriquecimiento ilícito y sostener solo el tipo penal de prevaricato, que según la denunciante, “prácticamente no tiene pruebas”.
