Kattya González solicita por tercera vez a la Corte Suprema tras destitución.
La exsenadora Kattya González está lista para llevar su conflicto legal ante la Corte Suprema de Justicia nuevamente, buscando revertir su destitución de la Cámara de Senadores.
Mañana, González presentará su tercer requerimiento de inconstitucionalidad en el Palacio de Justicia de Asunción. Acompañada de su abogado, la exsenadora considera que su destitución fue un acto violento que despreciaría la voluntad de más de 100 mil electores que la eligieron como su representante. La situación ha generado un amplio debate sobre la legitimidad de las decisiones dentro del ámbito legislativo y la percepción de la justicia en el país.
Desde su salida del Senado, González ha mantenido una postura firme en cuanto a la defensa de sus derechos políticos. En numerosas ocasiones, ha manifestado que su destitución no solo es un ataque personal, sino también una forma de eclipsar la voz de los ciudadanos que la respaldaron en las urnas. Su abogado ha declarado que es imperativo que la Corte se pronuncie sobre este asunto, ya que el silencio del organismo judicial podría interpretarse como un aval a las irregularidades denunciadas.
Asimismo, González ha denunciado el «silencio cómplice» de la Corte, que en su opinión, contribuye a una atmósfera de impunidad y desconfianza en el sistema judicial. La exsenadora sostiene que han transcurrido 230 días desde que presentó su primera acción legal y que, pese al cumplimiento de los plazos establecidos, la Corte no ha emitido un pronunciamiento. Esto, añaden sus allegados, podría resultar en una erosión de los principios democráticos.
González también ha mencionado que su lucha va más allá de un simple caso personal; se trata de un llamado de atención sobre la importancia del respeto a las decisiones electorales. «Estamos defendiendo el derecho de los ciudadanos a ser representados. No podemos permitir que decisiones arbitrarias y políticas pasen por encima de la voluntad popular», subrayó en una reciente declaración.
La situación judicial de Kattya González se ha convertido en un símbolo del conflicto político en Paraguay, donde las luchas internas dentro del Congreso han generado reacciones desfavorables en la opinión pública. Varios sectores sociales han alzado la voz en apoyo a González, cuestionando la transparencia de los procesos legislativos y la integridad de las instituciones que deberían velar por el estado de derecho.
Mientras tanto, el ambiente político del país sigue agitado, con voces que piden reformas profundas en el sistema judicial y legislativo para garantizar la separación de poderes y la protección de los derechos de los ciudadanos. La actitud de la Corte Suprema en este caso será observada de cerca, dado que podría establecer un precedente significativo para futuras disputas legales en el ámbito político.
El desenlace de esta acción de inconstitucionalidad podría no solo impactar directamente a González, sino también redefinir la relación entre los representantes electos y las instituciones que supuestamente deben proteger sus derechos. En un país donde la confianza en el sistema judicial está en el punto de mira, la resolución de este caso podrá influir en la percepción general sobre la independencia y la eficiencia de la justicia en Paraguay.
