Libertad para esposas de yihadistas repatriados con sus hijos.
La Audiencia Nacional de España ha decidido dejar en libertad a dos mujeres acusadas de integrar el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), tras casi dos años de prisión preventiva.
Yolanda Martínez y Luna Fernández, repatriadas en enero de 2023 desde Siria junto a sus trece hijos, recibirán un tratamiento judicial diferente mientras esperan el juicio que deberá determinar su culpabilidad. A pesar de la decisión de liberarlas, la Sala de lo Penal ha ejercido unas medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse semanalmente ante el juez.
El caso de estas mujeres es complejo y sensiblemente cargado de implicaciones éticas y legales. Tras su llegada a España, el juez Santiago Pedraz había dictado su ingreso en prisión preventiva por riesgo de fuga y posibles reincidencias en actividades terroristas. Sin embargo, la nueva valoración del tribunal ha concluido que dichas circunstancias han cambiado y que actualmente no hay riesgo de fuga.
La Fiscalía, que ha respaldado la puesta en libertad de las acusadas, está preparando un pedido de seis años de cárcel para cada una de ellas. A pesar de esta postura, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha opuesto a la decisión del tribunal, reflejando la sensibilidad de la opinión pública respecto a la reintegración de aquellos que han estado involucrados en organizaciones terroristas.
Yolanda Martínez y Luna Fernández han sido procesadas no solo por haberse unido a ISIS, sino también por su presunta colaboración con la red yihadista en España antes de su partida hacia Siria en 2014. En su resolución, el juez Pedraz subrayó que ambas mujeres manifestaron un deseo claro de ser parte activa de la organización terrorista.
Las conexiones de las acusadas con el grupo yihadista Al Andalus, desarticulado en 2014, ponen en evidencia un complejo entramado de radicalización y movilización dentro de la comunidad musulmana en España. Martínez, casada con un reclutador de este grupo, y Fernández, viuda de otro miembro clave, evidencian un patrón de apoyo y activismo dentro de las dinámicas terroristas que surgieron en ese periodo.
Las autoridades, al evaluar el caso, han resaltado que la intención de las mujeres de unirse a ISIS no fue una decisión tomada a la ligera. Documentos y comunicaciones recopilados por la policía han demostrado su activa participación en la promoción del reclutamiento de personas hacia el conflicto en Siria y la justificación vehemente de sus acciones en un contexto de guerra.
Este caso destaca no solo por las implicaciones legales que encierra, sino también por las preguntas morales que suscita acerca del retorno de los yihadistas y sus familias a Europa. La opinión pública y las organizaciones de víctimas están tratando de encontrar un equilibrio entre los derechos de los acusados y las demandas de justicia y seguridad que surgen de sus acciones en el pasado. La liberación de Martínez y Fernández representa, por lo tanto, un punto de inflexión en el abordaje de España hacia aquellos que han estado involucrados en grupos terroristas, mostrando tanto la complejidad de la justicia penal como los retos a los que se enfrenta la sociedad en términos de reconciliación y reintegración.