PP y Vox apoyan a Eduardo Zaplana, condenado por corrupción
Las Cortes Valencianas han sido el escenario de una significativa controversia política, donde el Partido Popular (PP) y Vox han rechazado una declaración institucional que buscaba desaprobar la conducta de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat Valenciana, recientemente condenado por corrupción.
La declaración, presentada por los socialistas valencianos (PSPV), tenía como objetivo criticar a Zaplana en relación con su condena a diez años y cinco meses de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. Se argumentaba que estos actos fueron una violación grave de la confianza pública, ya que Zaplana, durante su mandato, habría estado implicado en un esquema de corrupción que incluía el cobro de mordidas de un adjudicatario en un caso conocido como «caso de terreno baldío».
En el comunicado que fue objeto de rechazo por parte de la derecha y extrema derecha en la asamblea, los socialistas apuntaron a la gravedad de las acciones de Zaplana, destacando los reconocimientos de los principales imputados relacionados con el escándalo. «Estamos ante hechos de extraordinaria gravedad», se enfatizó en el texto, que también subrayaba la indignidad de alguien en una posición de tan alta responsabilidad política. La propuesta encima de la mesa buscaba no solo desaprobar a Zaplana, sino también revocar cualquier reconocimiento o distinción que hubiera recibido por parte de la Generalitat.
El portavoz del PP en el parlamento autonómico, Juanfran Pérez Llorca, sostuvo que no sería un problema retirar los homenajes y distinciones a Zaplana si se llegara a una sentencia firme en su caso. Sin embargo, hizo hincapié en que, en ausencia de tal sentencia, el PP no podría aceptar la proposición del PSPV. Desde Vox, el defensor del Pueblo, José María Llanos, adoptó una posición similar, acusando a los socialistas de utilizar la controversia como un medio para atacar políticamente a sus oponentes.
Por otro lado, se alzaron voces a favor de la condena y la revocación de distinciones hacia Zaplana. Joan Baldoví, portavoz del grupo Compromís, apoyó la iniciativa socialista y reafirmó la necesidad de castigar a quien considera un corrupto que ha perjudicado a los valencianos. «Zaplana no vino a servir, vino a enriquecerse», fue una de las contundentes afirmaciones que destacó Baldoví durante el debate.
La condena de Zaplana está relacionada con la manipulación de las adjudicaciones en 1997 del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana. Según el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia, Zaplana participó en la entrega irregular de contratos y en el cobro de comisiones ilegales, un hecho que refleja la corrupción que ha sobrepasado el ámbito gubernamental y que afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
En respuesta a la decisión de rechazar la declaración propuesta por los socialistas, el comunicado enfatizó que las Cortes Valencianas no pueden permanecer neutrales ante actos de corrupción. Instó a que estas instituciones tomaran una postura firme y clara, reafirmando su compromiso con la lucha contra la corrupción, un problema que continúa desconcertando a la sociedad española.
El debate sobre la ética y la transparencia en la política valenciana se ha reavivado con este caso, planteando serias preguntas sobre el futuro de las instituciones y la percepción pública de la justicia en España. La negativa de PP y Vox a apoyar la desaprobación sugiere que las divisiones políticas no solo son evidentes en el discurso, sino que también se manifiestan en la acción legislativa, lo que podría obstaculizar la rendición de cuentas en casos de corrupción en el ámbito político.
