PSOE de Lobato demanda protección de vivienda en Madrid.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Madrid ha presentado recientemente una propuesta legislativa para garantizar que la vivienda protegida mantenga su estatus indefinidamente, evitando así que sea liberada al mercado libre tras un período determinado.
La iniciativa se enmarca dentro de un contexto donde la Operación Campamento, que contempla la construcción de 10,700 nuevas viviendas en el suroeste de Madrid, se ha convertido en un tema central de debate. Juan Lobato, secretario general del PSOE en la región, ha hecho público su compromiso de eliminar la limitación actual que estipula que las viviendas protegidas deben cambiar de estatus después de 15 años, proponiendo en su lugar que todas las viviendas protegidas permanezcan bajo este régimen indefinidamente.
Lobato subrayó la necesidad de esta reforma en un audio dirigido a los medios, enfatizando que «el objetivo es garantizar que la vivienda protegida esté al servicio del derecho a la vivienda de las familias y de los jóvenes de la Comunidad de Madrid». Su propuesta se presenta como una respuesta a la creciente preocupación de los ciudadanos respecto al acceso a la vivienda, un tema que se ha vuelto prioritario en la agenda política española y que se discutirá en la próxima Conferencia de Presidentes convocada por el Gobierno central.
En medio de tensiones internas por la posibilidad de un liderazgo alternativo en el congreso regional del PSG, Lobato busca restablecer su posición consolidando una agenda que resuena tanto con Ferraz, la sede federal del partido, como con Moncloa, donde el presidente Pedro Sánchez ha manifestado su interés en centrar el debate en torno a la vivienda. En este sentido, el PSOE de Madrid ha alineado su estrategia con los intereses del Gobierno central, apuntando hacia una solución efectiva a uno de los problemas más críticos que enfrenta la capital española.
La propuesta del PSOE no solo busca fortalecer su postura frente a la crítica de Más Madrid, que se opone a la Operación Campamento en parte debido a la liberación de las viviendas, sino también trasladar al Partido Popular (PP) la responsabilidad de resolver la crisis habitacional en la comunidad. A este respecto, Leire Iglesias, presidenta de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), reconoció que el régimen de protección de las nuevas viviendas podría expirar tras 15 años, lo que añade presión al PP para que asuma un papel activo en la problemática.
La modificación legislativa que propone el PSOE se basa en cambiar el artículo dos de la Ley 6/1997, de 8 de enero, de Protección Pública de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. La propuesta incluye la adición de un texto que clasifica permanentemente todas las viviendas desarrolladas bajo esta ley como públicas. Para llevar a cabo esta modificación, se requeriría un cambio en dos Decretos que actualmente limitan la protección a periodos de 10 y 15 años, respectivamente.
No obstante, la expectativa para el futuro inmediato de esta iniciativa no es optimista. El Gobierno de Díaz Ayuso, que cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea regional, ha mostrado signos de oposición. Miguel Ángel García Martín, portavoz del PP en la región, insistió en la importancia de mantener «seguridad jurídica», sugiriendo que la izquierda propone medidas improvisadas que complican las condiciones para posibles inversores en el sector.
El ministro de la Presidencia también se pronunció al respecto, afirmando que el gobierno actual se opone a «recetas caducas que no funcionan» y abogando por un marco de certeza para atraer inversiones. Estas declaraciones ponen de manifiesto la clara división en torno a la cuestión de la vivienda en Madrid, con el PP defendiendo su enfoque y el PSOE intentando avanzar en su propia agenda.
Mientras tanto, los ciudadanos de Madrid observan con preocupación el avance de esta discusión sobre la protección de la vivienda. La propuesta del PSOE, aunque bien intencionada, enfrenta un horizonte incierto en su tramitación, dado el contexto político actual. A medida que la crisis habitacional continúa afectando a muchos, el debate sobre la vivienda seguirá siendo un tema candente en la política española. Así, se vislumbra un escenario de confrontación entre las distintas fuerzas políticas en cuanto a la mejor forma de abordar la protección de la vivienda en la capital. La próxima reunión del Pleno, prevista para el 10 de octubre, se anticipa como un punto crucial en este proceso de reivindicación y disputa legislativa.
