Revelaciones de la esposa «oenegera» de Leite, portavoz de la «Comisión Garrote».
El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación sobre Lavado de Activos, ha sido objeto de controversia tras la difusión de un audio en el que se refiere a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de manera despectiva. Leite es también el esposo de Paola Serrati, presidenta de la ONG Comunidad Cenáculo.
En una reciente entrevista, Serrati prefirió no opinar sobre el contenido del audio, argumentando que no lo había escuchado. «Para nosotros, aquí en casa, Gustavo es mi esposo, es papá, es abuelo, entonces su vida pública y política queda un poco afuera», declaró. Su respuesta ha suscitado diversas reacciones, dada la relevancia del senador en la actual discusión sobre la regulación de las ONGs en el país.
Comunidad Cenáculo, la organización dirigida por Serrati, se dedica a la recuperación de adicciones y tiene su sede en Areguá. De acuerdo con publicaciones de la Arquidiócesis de Asunción, esta ONG ha recibido financiamiento significativo, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la gestión de fondos en el sector.
Leite, mientras tanto, ha defendido su papel en la Comisión Bicameral de Investigación, que se ha enfocado en desmantelar redes de lavado de dinero y contrabando. La paradoja de que una figura central en esta investigación sea el esposo de una líder de una ONG ha planteado dudas sobre la transparencia del procedimiento y si habrá un manejo imparcial.
La Comisión Garrote, como se conoce popularmente, está convocando a declarar a varios referentes de ONGs que critican las labores de investigación del sector. Esta diligencia ha sido vista por algunos analistas como un intento de deslegitimar a las organizaciones, en un contexto donde la regulación de las ONGs podría intensificarse.
Serrati también ha manifestado que los miembros de Comunidad Cenáculo trabajan de manera voluntaria y sin salarios, aunque su respuesta no ha disipado los rumores sobre la influencia política de Leite y su conexión con la ONG. Estas afirmaciones han suscitado un debate más amplio sobre la financiación y regulación de las ONGs en el país.
Por su parte, la oposición ha tomado este incidente como una oportunidad para cuestionar la ética de la gestión pública. Varios legisladores han instado a una revisión de los procedimientos de investigación llevados a cabo por la Comisión Garrote, frente a la posibilidad de un conflicto de interés que podría afectar a las políticas de control de las ONGs.
La situación ha puesto de relieve la complejidad de la relación entre la política y el tercer sector en Paraguay, donde las ONGs han tenido un papel activo en la defensa de los derechos humanos y el bienestar social. El caso de Leite y Serrati se convierte así en un símbolo de las tensiones que pueden existir entre la labor de las organizaciones y la política, exacerbadas en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.
Mientras el debate continúa, la sociedad está a la espera de los próximos movimientos tanto de la Comisión Bicameral como de las ONGs implicadas. La transparencia y la rendición de cuentas se han vuelto esenciales en un escenario donde las acusaciones y las defensas parecen entrelazarse, dejando en la cuerda floja no solo a los involucrados, sino también a la percepción pública sobre el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el país.
