Senado decide acciones a tomar respecto a la problemática de los «perros peligrosos»
El 9 de agosto, la Cámara de Diputados ratificó un proyecto de ley sobre la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, desatando un intenso debate nacional.
La iniciativa, que busca regular la tenencia y manejo de perros considerados de riesgo, regresa al Senado tras haber sido rechazada previamente de manera sorpresiva. Durante la sesión ordinaria, los diputados aprobaron el proyecto sin discusión, lo que ha generado críticas tanto desde el ámbito político como desde la sociedad civil. La normativa establece que 23 razas de perros deben ser registradas, además de requerir condiciones específicas para su tenencia.
Esta legislación fue presentada por un diputado del Partido Colorado, quien citó una serie de incidentes mediáticos relacionados con ataques de perros como justificación para la propuesta. La apremiante necesidad de abordar estos casos ha impulsado la atención sobre la tenencia responsable de mascotas, y el debate se ha intensificado conforme diferentes sectores expresan opiniones polarizadas al respecto.
Los perros incluidos en la lista de «potencialmente peligrosos» son aquellos que superan los 20 kilogramos de peso y presentan características físicas muy específicas. Definidos por su «fuerte musculatura», «mandíbula grande» y «carácter fuerte,» estos animales requieren un manejo especial a fin de evitar situaciones de riesgo. Este criterio ha sido objeto de análisis y controversia, dado que algunos argumentan que la raza no es el único factor determinante en el comportamiento canino.
La Cámara de Senadores mostró su preocupación ante la falta de evidencia concluyente que demuestre que las razas seleccionadas sean inherentemente peligrosas. Además, tanto veterinarios como adiestradores profesionales han expresado que el comportamiento de un perro es más influenciado por su entorno y educación que por su raza. Este aspecto ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de la ley propuesta para resolver el problema de los ataques caninos.
A medida que el proyecto de ley continúa su camino legislativo, varios organismos de defensa de los derechos de los animales han levantado su voz en oposición. Argumentan que la normativa no solo es discriminatoria, sino que también podría contribuir a un aumento en el abandono y sacrificio de perros considerados peligrosos, generando un ciclo de injusticia contra estas mascotas que, en muchos casos, no han mostrado comportamientos agresivos.
El regreso del proyecto al Senado podría llevar a ajustes y revisiones, aumentando la presión sobre los legisladores para encontrar soluciones que promuevan tanto la seguridad pública como el bienestar animal. Se anticipa que las discusiones futuras incluirán no solo la tenencia responsable, sino también la importancia de la educación en el manejo de todos los perros, independientemente de su raza.
Este tema ha capturado la atención del público, generando tanto protestas como apoyo a la iniciativa. Lo que queda claro es que el país enfrenta un dilema significativo en cuanto a la convivencia entre mascotas y ciudadanos, y los responsables políticos deberán equilibrar estas preocupaciones en su decisión final, una que podría marcar un precedente para la legislación sobre animales en el futuro.
