Simpatizantes de Tratito Ovelar amenazan a dirigentes estudiantiles de FE-UNA según informes.

Siete estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) enfrentan cargos por desacato a una orden judicial. La situación ha desatado un intenso debate en el ámbito educativo nacional.

Los imputados comprenden una mezcla de líderes estudiantiles y activistas, incluyendo a Ximena Ramos, Andrea Vera, Chiara Scavone, Germán Gallardo, Fabricio Enciso, Iván Quintana y Bruno Ramírez. La imputación surge de una intervención judicial liderada por el juez Modesto Núñez y la actuaria Liz Torres, quienes intentaron fiscalizar una sesión extraordinaria del Consejo de Presidentes de la Federación de Estudiantes (FE-UNA).

Según informes de la Fiscalía, el juez se presentó en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura con el fin de supervisar la sesión. Sin embargo, su acceso fue frustrado por los presidentes de centros de estudiantes, quienes argumentaron que la normativa interna prohibía la entrada de personas no autorizadas. Este incidente ha puesto de relieve las tensiones entre las autoridades académicas y los estudiantes sobre el gobernanza estudiantil y el respeto de procedimientos administrativos.

La sesión extraordinaria, que estaba levantando expectativas, estaba destinada a discutir la controversia sobre el reconocimiento de Alejandro “Tratito” Ovelar como presidente del centro estudiantil. Chiara Scavone, una de las estudiantes implicadas, ha argumentado que el Consejo no tiene la autoridad para proclamar presidentes, sino que solo puede reconocer a aquellos que han obtenido el respaldo a través de elecciones regulares. Su alegato destaca la resistencia estudiantil ante la posible manipulación política dentro de la universidad.

Además, Scavone reveló que, antes de estos sucesos, ella y sus compañeros habían recibido amenazas de un grupo de aproximadamente 40 alumnos de la Facultad de Derecho. Estas amenazas incluían advertencias sobre posibles repercusiones judiciales y personales si no se acataba el pedido de reconocer a Ovelar como presidente, lo cual ha generado inquietudes sobre la influencia que ciertos grupos ejercen en los procesos democráticos dentro de la universidad.

La imputación ha generado reacciones encontradas entre la comunidad estudiantil y la opinión pública, con muchos estudiantes defendiendo a los acusados y criticando la intervención judicial. Algunos alarmantes señalaron que la reacción de la Fiscalía es inusualmente agresiva y responde a un contexto donde las luchas por el poder estudiantil pueden estar entrelazadas con intereses políticos más amplios.

Las citas para declarar de los estudiantes imputados han sido programadas para los próximos días, generando expectativa sobre cómo este episodio se desenvuelve en el sistema judicial y qué consecuencias tendrá en la vida estudiantil de la UNA. Las audiencias están programadas para el jueves, viernes y lunes de la semana siguiente, y se espera que se aborden tanto las circunstancias de la sesión extraordinaria como las acusaciones que han llevado a estos estudiantes a ser procesados.

Esta situación se desarrolla en un contexto donde las universidades paraguayas han enfrentado desafíos en la gobernanza y el respeto a los procesos democráticos. La comunidad académica sigue de cerca los acontecimientos, que podrían sentar un precedente en la relación entre las autoridades educativas y la voz estudiantil. La defensa de la autonomía universitaria y el derecho a la libre expresión se ha vuelto más relevante que nunca, en un entorno donde las amenazas de violencia y la influencia política son cada vez más evidentes.

A medida que se acerca el inicio de las audiencias, el interés por el caso crece. Los estudiantes han organizado protestas y actividades de sensibilización para manifestar su apoyo a los imputados, hecho que ha ampliado aún más el debate sobre la transformadora influencia que los estudiantes pueden tener en las estructuras de poder dentro de las universidades. Con los estudiantes enfrentando juicios por ejercer su derecho a la protesta y por oponerse a decisiones consideradas ilegítimas, la comunidad educativa se pregunta hacia qué dirección se dirigen las políticas en el ámbito universitario paraguayo.