Universidades públicas alzan la voz contra Milei y su reforma.
En Argentina, estudiantes y docentes de diversas universidades han llevado a cabo protestas masivas este lunes y martes para exigir al gobierno del presidente Javier Milei un aumento en la financiación de la educación superior y un ajuste de salarios acorde al costo de vida.
Las manifestaciones han tenido lugar en múltiples campus, con escenas representativas que han visto clases públicas realizadas bajo el sol, mientras los educadores llevan carteles que denuncian su situación laboral precaria. Docentes y alumnos se reunieron en la calle cerrada al tráfico frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde su mensaje de reivindicación fue claro: «sin salarios dignos, la universidad no funciona”.
La respuesta del gobierno ha sido contundente. Tras veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que aseguraba la actualización de recursos, la ministra de Seguridad de Milei ha descalificado a los universitarios, sugiriendo que buscan fomentar una revuelta similar a la ocurrida en Chile en 2006. De esta manera, el oficialismo ha optado por deslegitimar las demandas del movimiento estudiantil, considerando sus acciones como parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido respaldada por la oposición en el Congreso y su veto ha reavivado tensiones que ya habían surgido este año. En los últimos meses, la situación financiera de las universidades ha sido crítica, con un 70% de los salarios de los docentes ubicándose por debajo del umbral de pobreza, lo cual ha llevado a la comunidad educativa a movilizarse enérgicamente. Los sindicatos están organizando paros nacionales y manifestaciones con el fin de visibilizar la crítica situación.
Los estudiantes han expresado su firme compromiso con la continuidad académica a pesar del contexto adverso. Alejandra Cornejo, estudiante de Medicina, enfatiza la necesidad de defender la calidad académica de la universidad pública, y otros estudiantes han echado mano a métodos creativos de protesta, como clases improvisadas en escaleras y espacios públicos en lugar de limitar sus actividades académicas.
La magnitud del descontento ha impactado ciudades de toda Argentina, no solo en Buenos Aires. Universidades en La Plata, Rosario y Córdoba han registrado incidentes similares. Las exigencias derivadas del rechazo al recorte de fondos incluyen no solo la reactivación de la normativa vetada, sino un compromiso genuino por parte del gobierno hacia los problemas laborales y presupuestarios agudos que afectan a la educación pública.
El presidente Milei ha declarado que su postura respecto al superávit fiscal no cambiará, y su ataque a las universidades refleja una postura de confrontación. En recientes entrevistas, ha argumentado que las manifestaciones son una defensa de «los puestos de trabajo de los delincuentes» en las universidades, lo que ha generado creciente indignación entre los estudiantes y académicos.
Por su parte, la ministra de Seguridad ha incrementado la retórica belicosa, afirmando que el gobierno «no será tonto» para permitir una situación que pueda ser vista como una revuelta. Estas palabras han sido interpretadas como una amenaza hacia un movimiento que, hasta la fecha, ha buscado expresar sus inquietudes de manera pacífica, a pesar de las tensiones crecientes.
En medio de este panorama, el gobierno ha decidido endurecer el control sobre las universidades, proponiendo auditorías adicionales que podrían chocar con el principio de autonomía universitaria. Esta medida ha sido respondida con determinación por parte de la comunidad académica, que ve en ello una intolerable intromisión en los asuntos educativos.
La atmósfera en las universidades parece onflictiva y preocupante. Durante días de enseñanza compartida en espacios abiertos y actuaciones simbólicas, estudiantes y docentes se han manifestado con un mensaje claro: la educación pública es un bien común que merece ser defendido frente a políticas austeras y deslegitimadoras. En un contexto donde la universidad pública ha sido históricamente asociada a la movilidad social y el prestigio, la comunidad se resiste a que se vean empañados sus esfuerzos por construir un futuro mejor y más justo en su país.
