Peña reglamenta la Ley de Etanol para dinamizar la caña, pero sigue trabado el tren de molienda de Troche

Santiago Peña hizo el anuncio durante una visita a la estancia San Jorge, propiedad del gobernador de Guairá, César Sosa (ANR-HC), en Mbocayaty. Según dijo el jefe de Estado, el motivo de su presencia en el lugar fue solamente la firma del decreto.

La normativa reglamenta las leyes N° 7357/2024 y N° 7391/2024, introduciendo cambios en el régimen de producción y uso de alcohol carburante en Paraguay, con un enfoque orientado a priorizar la materia prima nacional dentro de la cadena de biocombustibles.

Uno de los puntos centrales del decreto establece que al menos el 50 % del etanol utilizado en la mezcla con combustibles debe provenir de caña de azúcar producida en el país, lo que, según el Ejecutivo, permitirá asegurar mercado para los cañicultores y estimular la industrialización del sector.

El jefe de Estado explicó que el desafío no solo pasa por garantizar la comercialización de la producción, sino también por aumentar la productividad del sector mediante inversiones en mecanización, mejora de suelos y acceso a herramientas tecnológicas.

En ese contexto, insistió en que el Gobierno apunta a soluciones estructurales que permitan al productor obtener mayor rendimiento por su trabajo, dejando de lado esquemas asistencialistas que no generan sostenibilidad a largo plazo.

Tren de molienda sigue trabado

Mientras el Ejecutivo impulsa este nuevo marco para fortalecer la cadena productiva, uno de los principales proyectos industriales del sector sigue sin avanzar.

Se trata del nuevo tren de molienda de la Planta Alcoholera de Petropar en Mauricio José Troche, cuya ejecución permanece paralizada por un conflicto judicial que se arrastra desde la administración anterior.

El trasfondo del nuevo tren de molienda de Mauricio José Troche se remonta a un contrato adjudicado a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA) en 2021, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, que debía modernizar la capacidad industrial de la planta alcoholera y permitir un mayor procesamiento de caña de azúcar. Sin embargo, la obra no se ejecutó en los plazos previstos, pese a millonarios desembolsos iniciales, lo que derivó en cuestionamientos técnicos, financieros y administrativos.

Con el cambio de gobierno, las nuevas autoridades resolvieron rescindir el contrato alegando incumplimientos, lo que abrió un frente judicial con la empresa adjudicada.

Peña reconoció que la situación está sujeta a procesos legales y medidas cautelares que “escapan al control directo del Gobierno”, lo que dificulta una solución inmediata. No obstante, aseguró que existe voluntad política para destrabar el conflicto y retomar la obra.

Mientras tanto, productores cañeros continúan reclamando la culminación de la obra, al considerar que su puesta en funcionamiento garantizaría mayor capacidad de industrialización y mejores condiciones de comercialización.

En ese escenario, el presidente reiteró que Petropar seguirá desempeñando un rol como comprador de la producción nacional, asegurando el mercado para los cañicultores.

A esto se suman cuestionamientos desde algunos sectores, que advierten sobre el posible aumento en los costos del etanol derivado de caña, frente a otras alternativas más económicas. Según estas críticas, la obligación de priorizar la producción nacional podría impactar en los precios de compra de la estatal y eventualmente trasladarse a la cadena de combustibles.