Esto respondió la titular de Registros sobre los trámites procesados en el nuevo RUN

A cinco meses de su implementación, el Registro Unificado Nacional (RUN) acumuló un volumen de trabajo superior a los 212.000 trámites vinculados al sector inmobiliario. Según datos de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles (DGCRI), que ahora está dentro del organigrama del RUN, entre el 14 de enero y el 17 de junio ingresaron 212.639 documentos, de los cuales 175.111 ya fueron expedidos.

El nuevo RUN comenzó a operar en enero de 2026, luego de que el Presidente Santiago Peña firmara el decreto mediante el cual reglamentó la Ley 7424/25 que creó el ente. Se trata de una institución que fusionó la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; el Servicio Nacional de Catastro, que se encontraba vinculado a Tributación del entonces Ministerio de Hacienda (hoy Economía); y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Sin embargo, gremios de escribanos aseguran que la implementación del RUN aún no genera los beneficios prometidos para profesionales y ciudadanos.

En cinco meses el RUN logra resolver el 82,35% de los expedientes

Unos 37.528 expedientes continúan en proceso, contó González, al momento de resaltar que el organismo inició sus operaciones con una carga heredada cercana a los 15.000 expedientes pendientes provenientes de las instituciones fusionadas, correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Entre los trámites recepcionados figuran inscripciones de títulos de propiedad, solicitudes de informes, certificados, copias, registros de planos, asignaciones de nomenclatura catastral e informes de avaluación, detalló.

Plazos, todavía por encima de lo previsto

Si bien la titular del RUN destacó los avances, también reconoció que el sistema aún atraviesa una etapa de ajuste institucional y que los tiempos de respuesta no alcanzan los objetivos establecidos por la Ley Nº 7.424/2025.

“Actualmente no podemos hablar aún de una tramitación con celeridad y dentro de los plazos legales de los distintos servicios catastrales y registrales debido a los innumerables ajustes operativos, coordinaciones técnicas y alto tráfico de documentaciones ingresadas”, acotó.

Refirió que, a la fecha la registración de escrituras públicas demora entre 30 y 35 días hábiles, mientras que la expedición de certificados, informes y copias requiere entre 15 y 20 días hábiles.

A pesar de los retrasos, González sostuvo que la actividad inmobiliaria no se ha detenido. Según explicó, diariamente ingresan unas 650 solicitudes de certificados catastro-registrales, documentos esenciales para operaciones de compraventa, fideicomisos, hipotecas y otros contratos inmobiliarios.

“El negocio y tráfico inmobiliario en nuestro país no se ha interrumpido pese a la implementación del nuevo ente”, reiteró.

Meta: reducir los tiempos en el segundo semestre

La gerente superior de Registros señaló que la institución está concentrada en la migración de datos, la integración tecnológica y la reorganización de procesos internos.

Refirió que, según las proyecciones oficiales, la consolidación del sistema permitirá una reducción progresiva de los tiempos de gestión durante el segundo semestre de este año, con el objetivo de acercarse a los plazos máximos establecidos por la legislación vigente.

“Estamos realizando, con todo el funcionariado catastral y registral, importantes esfuerzos por cumplir con los plazos máximos legales de expedición de documentos e incluso, a fines del segundo semestre de este año, reducirlos”, destacó.

Concluyó asegurando que medida que finalicen los procesos de migración, saneamiento e integración de datos históricos, desde el Estado aguardan una reducción progresiva de los tiempos de tramitación y una mejora sostenida en la calidad del servicio.