“Mafia de pagarés”: víctimas presionan a diputados por juicio político a la Corte
18 de abril de 2026 – 21:37
La Coordinadora de Víctimas de la denominada “mafia de los pagarés” volvió a exigir el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Con el objetivo de ser escuchados, anunciaron que cada afectado presionará individualmente a los parlamentarios de su localidad, hasta forzar una postura clara al respecto.
Las víctimas de la mafia de los pagarés siguen buscando ser escuchados plenamente por la Cámara de Diputados. A través de un nuevo manifiesto, comunicaron que además de plantear los argumentos jurídicos y sociales de siempre, realizarán una serie de acciones concretas para que el reclamo no pase desapercibido.
Advirtieron que cada víctima iniciará un contacto directo con los diputados de su departamento mediante reuniones y mensajes personalizados. El objetivo es exigir que analicen el caso y se pronuncien explícitamente sobre el juicio político.
Pondrán un “plazo” a los Diputados
En esa jornada, representantes de la Coordinadora, acompañados por víctimas, entregarán simultáneamente un documento a todas las bancadas parlamentarias. En el mismo exigirán que cada diputado defina públicamente su postura: a favor o en contra del juicio político a los ministros de la Corte.
Exposición pública de los diputados en mayo
La presión seguirá durante la primera semana de mayo, cuando la organización prevé publicar una lista con los nombres de los diputados y su posición frente al pedido de juicio político.
Esta “rendición pública” será difundida en redes sociales y medios de comunicación, con el objetivo de transparentar el comportamiento de los legisladores ante el reclamo ciudadano.
¿Qué argumentan las víctimas?
Las víctimas de este gran esquema alegan supuestos hechos de mal desempeño de funciones, omisión de control y obstrucción a la justicia.
En el mismo comunicado, señalan que la permanencia de la actual cúpula judicial “es insostenible” y sostiene que el mecanismo constitucional del juicio político, contemplado en el artículo 225 de la Constitución Nacional, debe ser activado como herramienta de control republicano.
Según el texto, esta situación habría permitido la instrumentalización del sistema judicial para generar perjuicios patrimoniales a ciudadanos, sin una intervención efectiva de las autoridades competentes.
Además, denuncian una supuesta “dilación maliciosa”, pues auditorías e informes no habrían frenado los hechos denunciados, así como una presunta falta de acciones disciplinarias contra funcionarios implicados.
Cuestionamientos a la independencia judicial
Además, cuestionan la independencia del máximo tribunal, señalando la existencia de aparentes conflictos de intereses y decisiones que, según los denunciantes, debilitan la imparcialidad judicial.
En ese sentido, advierten que esta situación deja a la ciudadanía en un estado de indefensión y afecta la confianza en el sistema de justicia.
Más allá del plano jurídico, la Coordinadora sostiene que el problema tiene consecuencias humanas graves. Afirman que las prácticas denunciadas no solo afectan económicamente a las víctimas, sino que generan lo que describen como una “muerte civil” financiera. Esta situación impacta en familias enteras y vulnera derechos fundamentales como la propiedad y el fruto del trabajo.
La Coordinadora afirma que su reclamo no responde a intereses partidarios ni a motivaciones personales, sino a la búsqueda de una “reparación histórica” y a la necesidad de contar con un Poder Judicial íntegro.
“El juicio político es la única vía constitucional para sanear la institución”, concluye el documento, que finaliza con un llamado a una justicia que proteja al trabajador y no al estafador.
