Rolón minimizó supuesta amenaza de Hernán Rivas a su fiscala y no ordenó indagar
El caso del legislador colorado Hernán David Rivas Román fue llevado a cabo por la fiscala penal Patricia Sánchez, quien lo imputó el 18 de enero de 2024 y luego acusó el 2 de septiembre de 2025, por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documento público de contenido falso. El fiscal general Emiliano Rolón no ordenó investigar la amenaza contra la fiscala.
El juez penal de garantías Miguel Palacios había admitido la imputación luego de meses de dilaciones. En la audiencia preliminar, declaró operada la prescripción por el hecho de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó a juicio el caso por uso de documento público de contenido falso.
Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, plantearon un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el fin de anular la prescripción referida por el juez Palacio y el fallo de la Cámara de Apelaciones.
Rolón minimizó amenaza a fiscala y descartó abrir causa
La fiscala Patricia Sánchez remitió un escrito al fiscal general del Estado, Emilino Rolón, poniéndole en conocimiento de que el 30 de marzo de 2026, previa la presentación de su casación, de que recibió una comunicación verbal de parte de una persona, sobre quien solicitó resguardo en su identidad por estar en estado de vulnerabilidad y riesgo.
La comunicación de la fiscala Sánchez se hizo el 31 de marzo y según consta en el escrito es que el senador Hernán Rivas le manifestó a esta persona que le hiciera saber a la agente del Ministerio Público que, si interponía recurso contra lo resuelto en Cámara en la causa penal de su interés, el legislador se ocuparía de que ella fuera destituida del cargo.
Inicialmente el fiscal general Emiliano Rolón había ocultado la identidad de la persona que, según denunció la propia fiscala afectada, había amenazado a su propio funcionario investigador. Recién cuando el hecho y el escrito tomaron estado público el fiscal, a regañadientes, admitió que esa advertencia habría provenido del senador Rivas.
El 23 de abril último, cuando el permiso de Hernán Rivas en el Senado estaba en discusión, Emiliano Rolón había minimizado la amenaza contra su fiscala al tomar aquello como un simple rumor.
“En la jerga popular sería He’i lo mitã (dice la gente), que es suficiente para iniciar una prevención, pero no para una investigación penal. Esa información apenas era un rumor inicial que todavía no tenía la fuerza para una investigación”, había referido Rolón tras ser consultado por la prensa.
Así también el titular del Ministerio Público había afirmado que “en la línea del Ministerio Público, la integridad significa ubicarse en el medio y evaluar la información sobre la base de evidencias”, para luego alegar que ese dato “apenas era un rumor inicial que todavía no tenía la fuerza de servir para una investigación”.
Sin embargo, de no abrirse una investigación penal respecto al caso, teniendo como dato el presunto origen de la amenaza que es un senador de la Nación no se podrá contrar con evidencia de cual fue el medio de amenaza y el supuesto responsable.
Protocolo para resguardar la vida, pero ¿y el cargo?
Ante la situación que afecta a la agente Patricia Sánchez, el fiscal general Emiliano Rolón, pese a nuevamente calificar de pequeño el riesgo, dispuso la activación del protocolo de seguridad.
“El protocolo se activa simplemente por una posibilidad, un pequeño riesgo; se prende el SOS y se activa. Simplemente, era una información que debe ser absolutamente reservada; no hace falta que sea verdadero”, expresó.
Cabe aclarar que este protocolo que activó la institución encargada de la persecución penal, es con la finalidad de resguardar la integridad del agente ante riesgos para su vida, sin embargo, el protocolo no contempla herramientas para el resguardo de su cargo que, en el caso, es el objeto de la amenaza.
Si bien fuentes de fiscalía indicaron que se analiza el perfil de la persona que habría emitido la amenaza, así como el contexto en el que se dio, además de la motivación del supuesto autor y el contexto situacional del agente encargado de la investigación, solo se activó un protocolo relacionado a la integridad física de la fiscala y no una causa penal.
Además desde la institución refieren que no cuentan con el estándar de información necesaria para abrir una causa penal, respecto a lo que afecta a la fiscala Patricia Sánchez.
Atención tardía del caso Hernán Rivas en la Fiscalía
El 9 de junio de 2020 Hernán Rivas juró como representante de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Cabe señalar que lo hizo contando solo con el título de abogado pues su matrícula recién fue emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 7 de julio de 2021, tras jurar ante la ministra Gladys Bareiro de Módica (+)
Pero el 11 de junio de 2020 la Asociación de Abogados y Auxiliares de Justicia Penal (AAAJP), representada por el abogado Federico Campos López Moreira, había presentado denuncia penal contra el entonces diputado Hernán David Rivas Román, por la supuesta comisión de los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos de contenido falso en calidad de autor.
Dicha denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la cual está la adjunta Soledad Machuca. El requerimiento no corrió y fue rechazado tras el análisis de admisibilidad en la Fiscalía, supuestamente por incumplimiento de los requisitos formales
El 4 de septiembre de 2020, el por entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, había remitió una nota al entonces titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-HC), solicitando el cambio del Hernán David Rivas , en su cargo de representante de la Cámara Baja ante el Jurado. Esto ante las dudas sobre su título de abogado.
Además, el abogado José Casañas Levy (+), cuando fue director de Transparencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), inició una investigación sobre la situación del título de abogado de Rivas.
A consideración de Enrique Bacchetta, el Ministerio Público entonces encabezado por Sandra Quiñónez tuvo que haber iniciado una pesquisa de oficio. Sin embargo, luego de que Emiliano Rolón haya asumido el cargo al frente de la Fiscalía en marzo de 2023, tampoco inició acción alguna con relación a Hernán Rivas.
Es así que, otra denuncia se presentó en Fiscalía General del Estado, el 19 de octubre de 2023, por parte de la entonces fiscala Casse Giménez y bajo patrocinio de los abogados Martín Barba y Rodrigo Cuevas. El escrito estaba relacionao a las dudas sobre los títulos del senador Hernán Rivas y el diputado Orlando Arévalo.
Luego de esta presentación, recién el 18 de enero de 2024 se inició formalmente una investigación penal contra Hernán Rivas, y también Orlando Arévalo. La causa contra el último luego fue desestimada. En el caso de Rivas, la imputación recién se admitió en julio de 2024, por lo que los tres rechazos anteriores, por no cumplir los requisitos, retrasaron el proceso.
Ello obligó a la fiscalía a pedir un sobreseimiento provisional, debido a que el juzgado de garantías siempre mantuvo el mismo plazo para presentar requerimiento conclusivo, el que se presentó en 2025.
